“Estamos regalados”. La frase pertenece a un funcionario del Departamento Judicial Morón y refiere a la vulnerabilidad con la que conviven trabajadores de la justicia provincial por la falta de seguridad en los tribunales y oficinas en las que desarrollan sus tareas. Otro ejemplo reaviva el debate en torno a una problemática que crece con el aumento de la violencia social.
El juez Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín, denunció que un grupo de alrededor de 20 personas armadas con cuchillos irrumpió en el edificio en el que tiene su despacho y amenazó a los empleados que prestan labores en esa dependencia. Además, al magistrado directamente le dejaron un mensaje: “lo vamos a matar”.
El ataque ocurrió cerca de las 12 en el edificio ubicado en Pueyrredón y Cerrito, del mencionado distrito, donde funcionan varias dependencias judiciales. Todo comenzó en la Mesa de Entradas, en planta baja, donde los atacantes irrumpieron a los gritos y exhibiendo armas blancas.
“Fue un hecho muy grave. Querían entrar en los despachos. No era una manifestación. Era un grupo de gente que pretendía tomar represalias contra representantes de la Justicia. Hubo amenazas de muerte”, afirmaron testigos del hecho al diario La Nación.
El destinatario directo de la furia fue Schiavo y todo indica que los agresores son parte de una banda dedicada al narcomenudeo desbaratada en los últimos días. Primer Plano Online intentó contactar al magistrado, pero los mensajes no fueron respondidos.
Repudio del Colegio de Magistrados
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, entidad presidida por el fiscal de Morón Matías Rappazzo, expresó “su más enérgico repudio y profunda preocupación” por el ataque sufrido por el juez.
“El hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales”, enfatizaron en un comunicado.
Asimismo, desde el colegio consideraron que esta violenta situación “evidenció la insuficiente protección de los edificios judiciales y la falta de recursos adecuados para afrontar el impacto operativo derivado de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo”.
“Estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado. Exhortamos a los tres poderes del Estado a adoptar con celeridad medidas concretas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protección efectiva para quienes integran el servicio de justicia, resguardando así su normal funcionamiento y la independencia judicial”, concluyeron.
“Paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad”
En la misma sintonía se expresaron desde la Red de Jueces Penales bonaerenses, entidad que calificó lo ocurrido como un hecho de “extrema gravedad institucional” y “un ataque directo contra el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
Además, hicieron particular hincapié en “las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad en las que se desempeña la mayoría de los juzgados del fuero penal”, algo que “excede el análisis de este caso e impide tratarlo como si fuera un hecho puntual”. “Lo mismo cabría decir de muchos Juzgados de Paz, de Familia y dependencias de los Ministerios Públicos. Muchas veces sin cámaras de seguridad, sin custodia, sin un mínimo de sistema de prevención de riesgos”, ahondaron.
Y esperan un gesto de la Suprema Corte de Justicia, a la que le reclamaron “un espacio de comunicación con jueces y juezas de la primera instancia, pues allí es donde las causas judiciales presentan su primera manifestación, donde la dimensión de la violencia social se vincula de manera inmediata con el sistema de justicia, el espacio en el cual los reclamos de justicia, seguridad y respuesta se muestran de manera más cruda y urgente”.
Primer Plano Online también consultó a voceros del máximo tribunal provincial, pero no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Cabe recordar que, en diciembre pasado, otro juez de Garantías, en este caso de La Matanza, fue noticia por dos robos que sufrió en su domicilio. Se trata de Fernando Pinos Guevara, quien intervino en la causa del triple narcofemicidio de Florencio Varela.
