La falsa denuncia de un auto robado derivó en allanamientos y el secuestro de autopartes en Merlo

Hay dos personas imputadas, que están siendo investigadas, pero permanecen en libertad. Durante los procedimientos la Policía incautó más de 110 piezas de diversos vehículos que están siendo analizados para determinar su procedencia. El seguimiento de una serie de ofertas hechas por redes sociales, clave para determinar la operatoria.

La falsa denuncia de un robo automotor, diversas publicaciones en redes sociales de autopartes de dudoso origen y la posible estafa a una empresa de seguros derivaron en una serie de allanamientos para desarticular una organización dedicada a la comercialización ilegal de artículos registrables.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad Automotor de la Policía bonaerense, bajo supervisión del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Fiscalía N° 6 de Morón.

Según confirmaron a Primer Plano Online fuentes con acceso al expediente en trámite hay dos imputados, identificados como Javier Marcelo Esteban y Diego José Burgueño. Ninguno de los dos fue detenido y ambos permanecen en libertad mientras avanza la causa.

Los allanamientos ordenados por el juez Esteban Juliano, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón, se llevaron adelante en tres domicilios de la localidad de Mariano Acosta, sobre las calles Los Lotos al 900, Las Azucenas al 1100 y Jorge Newbery al 1700.

Cómo es la operatoria investigada

¿Cuál es la sospecha? Que la organización desguazaba autos que luego pasaba como robados al respectivo seguro y vendía sus autopartes, por lo que el negocio era doble: cobrar la indemnización y quedarse con el producido de esa comercialización ilegal.

De hecho, en las requisas a las viviendas los investigadores secuestraron “una gran cantidad de elementos vinculados al delito automotor”, entre los que había tres vehículos, una moto con pedido de secuestro activo y más de 110 autopartes de dudoso origen, algunas con orden se ser incautadas y otras sin identificación legal.

El canal de venta elegido eran las redes sociales y las transacciones, según trascendió, se concretaban a través de puntos de encuentro previamente acordados. Los domicilios allanados eran lugares de guarda para evadir los rigurosos controles sobre la actividad.

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