El 12 de septiembre de 2016, el comerciante Diego Roda, dueño de la verdulería El Económico, ubicada en Brandsen al 2400, esquina Belén de Ituzaingó, fue asesinado a balazos por disparos que inicialmente se creyó que habían sido ejecutados por delincuentes y luego se comprobó que fueron policiales.
Hace 8 años una familia clama por justicia, y Primer Plano Online acompaña ese reclamo desde el día inicial. Ahora ese peregrinar está a punto de llegar al final: en febrero de 2025, el juicio se llevará a cabo en el Tribunal Oral Criminal Nº 4 de Morón.
Como informó en reiterados artículos este medio, todo comenzó con el robo de una camioneta Peugeot Partner Patagónica en Caseros cuyos ladrones, tras una persecución y hasta un enfrentamiento con policías en el trayecto, terminaron abandonando en la calle Aguaribay, entre Saldán y El Delta de Villa Ariza.
Entonces los delincuentes fugaron a la carrera, pero un dato nunca pudo establecerse con certeza, y fue la dirección hacia la cual huyeron. Pasados 50 segundos llegó a ese lugar una comitiva integrada por agentes de la Policía Local de aquel momento, entre los que se encontraban Fernando Aníbal Grané, Gerardo Gabriel San Miguel, Camila Pazos y Maximiliano Ramos. Revisaron la camioneta y, al no hallar a sus ocupantes, Grané y San Miguel fueron en busca de los malvivientes, mientras el resto se quedó al lado del rodado.
En esas circunstancias los efectivos fueron advertidos de que los malvivientes huyeron por la calle El Delta, desde donde a la altura del 2.300 salía Roda con su esposa, Virginia Tueso, y el hijo de la pareja, de apenas 10 días de vida. Según quedó probado en la investigación, los policías dispararon al menos cinco veces contra la humanidad del comerciante: tres con el arma de San Miguel y las otras dos con la de Grané.
El verdulero recibió un tiro en la región lateral del hemitórax derecho, otro en región escapular izquierda y dos en la región deltoidea izquierda, que determinaron su muerte en el Instituto Médico Central, a donde fue llevado de urgencia. Su mujer, en tanto, sufrió dos heridas de bala en el antebrazo derecho.
La investigación, reconstrucción del hecho y los 10 acusados
La investigación realizada por el fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, determinó que Grané y San Miguel fueron los autores materiales de la balacera. Por eso, tras la reconstrucción realizada en el mismo lugar del crimen, el 6 de abril de 2021 ambos quedaron detenidos.
De lo que la justicia también tiene abundante prueba es de que alrededor del sangriento hecho hubo una cadena de complicidad que intentó ocultar la verdad, de la que fueron parte, según la acusación, jefes policiales, compañeros de los principales imputados y hasta dos vecinos que inventaron una historia para ayudar a la versión oficial inicial que procuraba impunidad.
Según la instrucción del fiscal y su elevación a juicio, “un grupo de personas, la mayoría de ellos funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se determinaron a encubrir el hecho” con el objetivo de que puedan “sustraerse a la acción de la justicia”. Para eso, “callaron, falsearon, mintieron y/o omitieron la verdad”, incluso con “chivos expiatorios” en favor de los acusados.
Todas las personas que estarán en el banquillo por el crimen de Diego Roda
–Fernando Aníbal Grané: acusado de homicidio agravado por haber sido cometido por personal de una fuerza de seguridad abusando de su función reiterado -2 hechos-, uno en grado de tentativa y falsedad ideológica de documento público, todos ellos unidos materialmente entre sí.
–Gerardo Gabriel San Miguel: homicidio agravado por haber sido cometido por personal de una fuerza de seguridad abusando de su función reiterado -2 hechos-, uno en grado de tentativa y falsedad ideológica de documento público, todos ellos unidos materialmente entre sí.
-Comisario Daniel Fernando Pérez (jefe de la comisaría de Villa Ariza en 2016): acusado del delito de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falsedad ideológica de documento público y falso testimonio, unidos materialmente entre sí.
–Sergio Fabián Andrés Barrientos: acusado de encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falsedad ideológica de documento público y falso testimonio, unidos en concurso real.
–Diego Agustín Carreiras: imputado por encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falso testimonio agravado reiterado -dos hechos- instigación a cometer falso testimonio agravado reiterado -cuatro hecho- y falsedad ideológica de documento público reiterada -dos hechos-, todos ellos en concurso real entre sí.
–Alejandro Tomás Salomón (civil): encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado reiterado -dos hechos-, unidos materialmente entre sí.
–Johana Belén Vukman (civil): encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado reiterado -dos hechos-, unidos materialmente entre sí.
–Camila Fernanda Pazos: encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falso testimonio y falsedad ideológica de documento público, todos ellos en concurso real entre sí.
–Maximiliano Gastón Ramos: encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, falso testimonio y falsedad ideológica de documento público, todos ellos en concurso real entre sí.
–Maximiliano Duarte: partícipe necesario en la comisión del delito de falsedad ideológica de instrumento público.
