Juró y asumió formalmente su cargo el nuevo juez de Paz de Ituzaingó. Lo hizo durante una ceremonia presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Fernando Soria, de la que también participó la vicepresidenta del máximo tribunal, Hilda Kogan; el ministro Sergio Torres; y el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand.
Se trata de Carlos Alberto Miceli, quien hasta su flamante nombramiento ocupaba el cargo de defensor oficial y estaba a cargo de la Defensoría Descentralizada Nº 3 de Ituzaingó. Es un hombre de vasta trayectoria en la carrera judicial y que superó todas las instancias para acceder al cargo, tal como un magistrado de cualquier otra índole, como los exámenes ante el Consejo de la Magistratura.
Desde sus orígenes, la Justicia de Paz en la provincia está orientada a una función conciliadora de conflictos. En la actualidad, asimismo, también tiene bajo su órbita el tratamiento de problemáticas como la violencia familiar y restricciones perimetrales, en donde tiene funciones similares a los Juzgados de Familia.
Alcances y funciones de la Justicia de Faltas y en qué distritos funciona
También tiene, entre sus alcances, causas de menor cuantía y vecinales, faltas de tipo correccional, civiles y comerciales, apremios por deudas, algunas penales de urgencia y otras patrimoniales pero de esas que no necesitan de la intervención de tribunales ordinarios y que se pueden resolver en los pueblos.
Justamente esa es su misión original: ser una justicia de cercanía. Por eso funciona exclusivamente en los distritos que no son cabecera de Departamento Judicial. Por caso, en Morón no hay, pero sí en Hurlingham, Ituzaingó y Merlo, que integran esta estructura departamental.
En la misma ceremonia juraron también Laura Carina Maldonado, a cargo del Juzgado de Paz de Coronel Rosales; Claudia Lorena Tatángelo (Escobar), María Julieta Martínez (Puan) y Ángel Oscar Loubet (General Guido).
Del acto protocolar, realizado en el Salón de Audiencias de la Suprema Corte, también participaron la presidenta del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Florencia Budiño; el director general de Justicia de Paz del Tribunal, Sebastián Martínez; y el vicepresidente del Colegio de Magistrados provincial, Matías Rappazzo, quien además es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón.
