Después del impactante desalojo que publicó Primer Plano Online en exclusiva el miércoles pasado a la familia que ocupaba una vivienda del barrio San Alberto, en Ituzaingó, este medio contactó a Luis Meza, el papá de las cuatro criaturas que quedaron en la calle.
Más allá del trámite judicial y de lo que indica la letra fría de los expedientes, el objetivo es conocer cuál es su situación, la de su mujer y la de sus cuatro hijos a raíz de la ejecución de la sentencia del Juzgado Civil y Correccional Nº 11 de Morón, que dispuso que el inmueble que ocupaban sobre la calle 2 de Abril al 2800, entre San Salvador y Ecuador, sea restituido a su propietario.
“Residí diez años en ese domicilio y fueron los vecinos los que nos dijeron que nos quedáramos ahí. Ese es un complejo de viviendas que se hizo hace como 30 años y desde que se entregó lo que menos se hizo fue darle un uso familiar. La primera dueña la vendió sin cumplir con el protocolo, que la tenía que habitar por diez años mínimo. El que supuestamente la compró fue acusado de violación a una vecina y la gente lo echó del barrio y le destruyó la casa. Y fueron los propios vecinos los que me dijeron que me quede yo con mis hijos, que le íbamos a dar el uso que correspondía”, indicó Luis en charla con este medio, que lo contactó a través del celular de su mamá.
“Jamás le quisimos usurpar algo a nadie”
Desde entonces, el hombre ocupó la finca, claramente si tener los papeles que lo acreditan como legítimo propietario. “Es imposible para mí llegar a comprar una casa. Jamás le quisimos usurpar algo a nadie. Es más: luego de diez años de habitar esa casa esperábamos poder hablar con algún dueño que aparezca y acordar alguna forma de pago”, refirió. Pero lo único que encontró en el camino fue una serie de intimaciones que le empezaron a llegar con el devenir de la pandemia.
“Hace un par de años me empezaron a llegar notificaciones electrónicas, que se ve llegaban de ese modo por la pandemia. En mi ignorancia no me presenté porque pensé que me estaban haciendo una truchada, porque el dueño anterior había estado preso por el abuso. Y me declararon en rebeldía, por lo cual perdí mis derechos a defenderme y todo terminó en el desalojo”, señaló el vecino.
Como contó Primer Plano Online, quien impulsó la acción fue la persona (su identidad no se publica para no exponerla) que le compró la propiedad a quien terminó detenido por aquel abuso. Fue, según narró su abogado Leonardo Ponte Wisto, quien intentó dialogar en varias ocasiones con la familia Meza pero siempre recibió negativas. Hasta incluso se ofreció a pagarle un año de alquiler para que se vaya y ante la imposibilidad del diálogo inició la demanda por usurpación.
“Yo tengo una máquina de coser y me dedico a hacer monederos, carteras, marroquinería en general, que es mi oficio. Son cosas para sobrevivir y darle de comer a mis hijos. Nadie se hizo cargo de atender qué iba a pasar con mis hijos y me quedé con todas las cosas en la calle”, describió Luis, que recibió la solidaridad de la gente del barrio y hasta del Municipio de Ituzaingó, que intentó frenar el desalojo sin éxito. Ahora el compromiso del gobierno local es ayudarlo a conseguir un lugar donde vivir junto a sus hijos, de los cuales uno tiene autismo.
El protocolo de la Suprema Corte de Justicia
Desde el miércoles la familia habita una parte de la casa de la mamá de Luis, sobre la calle Salvador al 2900, que no es un espacio digno por las condiciones en las que se encuentra la edificación y porque es en rigor un porche de escasas dimensiones, ni siquiera una habitación. “Es una galería abierta a la calle que es lo único que pudimos conseguir. Mi nene con autismo no puede estar en un lugar así. Es inhumano en las condiciones en las que estamos viviendo: la estamos pasando muy mal”, completó. De todos modos, si alguien quiere ayudar puede acercarse hasta el lugar incluso, por qué, con trabajo para Luis.
Lo verdaderamente llamativo de toda esta secuencia es que rige en territorio bonaerense un protocolo del año 2019 de la Suprema Corte de Justicia, que establece expresamente la necesidad de “prevenir y/o reducir el impacto social ulterior que puede generar la instrumentación de tales medidas, brindando protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas especialmente vulnerables en los procesos de desalojo”.
Además, exige “garantizar la evaluación previa de los efectos multidimensionales de los desalojos, a fin de explorar alternativas y estrategias de solución que permitan minimizar las consecuencias adversas de su implementación”.
Más allá de la sentencia emitida por la jueza Gabriela Fernanda Gil y la ejecución realizada por las dos oficiales de justicia y la Policía bonaerense, en donde nadie resultó lastimado pese a la resistencia de la familia, está claro que en esta situación algo faltó, y es que se asegure la situación a futuro de las criaturas en cuestión, que hace dos días están viviendo en las condiciones descriptas. Y, ante eso, el Estado en su conjunto no puede ni debe mirar para otro lado.
