Suspendieron por 90 días a Germán Patti, el Oficial Mayor de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Ituzaingó denunciado por una trabajadora pasante por abuso sexual. La decisión implica que, mientras dure la medida, también le retendrán el 40% de su salario.
¿Qué significa la sanción? Es preventiva y para permitir el avance de la investigación interna. En rigor, lo que se busca es sumar elementos de prueba a los dichos expuestos por la joven denunciante mediante la toma de nuevas testimoniales de otros compañeros de trabajo de A.L. (24) y de funcionarios judiciales.
De todos modos, está claro que el delito denunciado no amerita una mera cuestión administrativa sino también la posibilidad concreta de que sea sometido a un proceso penal. Pero para una imputación formal es necesario profundizar la evidencia. Ahora será clave lo que aporte el resto del personal que comparte ámbito laboral con la víctima. Por lo pronto, la causa penal que se inició está en trámite ante la Fiscalía N° 2 de Morón.
Como se recordará, siempre según lo que planteó la joven en su denuncia, los hechos de acoso comenzaron en 2025 pero nunca antes los había hecho conocer. La empleada empezó a trabajar en esa Fiscalía el 2 de junio del año pasado y, a la semana, ya había sufrido el primer incidente: antes de retirarse de la jornada laboral el funcionario “me arrinconó contra la puerta con las luces apagadas y me dio un beso en la boca”, señaló.
“En ese momento me quedé en shock, no entendía nada, pero tampoco quise decir nada por el tema de que era nueva y él era casi un funcionario. No quería perder mi trabajo, tenía miedo que me echaran. Después empezó a llamarme por teléfono, fuera del horario de trabajo mientras se masturbaba y me pedía que vaya a su casa a tener relaciones con él”, detalló la trabajadora. De ahí en más los hechos se precipitaron hasta que él terminó obligándola a tener sexo oral en la oficina.
Duro comunicado del gremio judicial
En paralelo a la revelación hecha por Primer Plano Online, el gremio Asociación Judicial Bonaerense (AJB) expresó su “más profundo repudio” ante el episodio. “No estamos frente a un hecho que pueda interpretarse como un conflicto entre personas. Lo denunciado constituye una de las formas más extremas de violencia contra una trabajadora y representa una vulneración inadmisible de su libertad, su integridad y su dignidad”, enfatizaron en un comunicado.
“Cuando una agresión de estas características ocurre en el ámbito laboral, el daño trasciende a la víctima. Interpela a toda la institución. Y cuando sucede, además, dentro del Poder Judicial, la gravedad es todavía mayor. No es aceptable que el mismo ámbito llamado a garantizar derechos sea escenario de hechos que los lesionan de la manera más brutal”, agregaron desde la Secretaría de Géneros y Diversidad de la organización sindical.
“Sabemos que denunciar una violencia sexual implica atravesar enormes obstáculos: el miedo, la vergüenza, la desigualdad de poder, el temor a las represalias y, muchas veces, la desconfianza respecto de las respuestas institucionales. Por eso reconocemos el enorme valor que supone romper el silencio y exigir justicia”, continuaron en su pedido de intervención a las autoridades competentes.
Para finalizar, insistieron en reclamar “máxima diligencia” para el esclarecimiento del hecho. “No hay espacio para las demoras, las relativizaciones ni las respuestas burocráticas. Corresponde garantizar la protección de la trabajadora, adoptar todas las medidas necesarias para evitar nuevas situaciones de violencia y llevar adelante una investigación seria, imparcial y con perspectiva de derechos humanos”, recalcaron.
Y remataron: “la violencia sexual no admite tolerancia. En el Poder Judicial no puede haber lugar para agresores ni para instituciones que miren hacia otro lado”.
