El exjugador e ídolo de San Lorenzo de Almagro Néstor Ortigoza fue sobreseído definitivamente de la causa que le inició el exjefe de seguridad del club de Boedo por haberlo amenazado en la puerta de su casa de Ituzaingó.
El 11 de octubre de 2022, el juez Antonio Claudio Mele, titular por entonces del Juzgado Correccional Nº 2 de los Tribunales de Morón, había condenado al exfutbolista a la pena de dos años y dos meses de prisión de ejecución condicional y el pago de las costas procesales por ser autor del delito de amenazas coactivas de las que había sido víctima, y también denunciante, Mauricio Argañaraz.
Sin embargo, el 9 de diciembre del año pasado la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón revocó ese fallo. En los fundamentos de la resolución, adoptada por el camarista Adolfo Naldini y acompañada por su colega Elizabeth Miriam Fernández, el tribunal de alzada hizo lugar a la apelación presentada por los apoderados legales del exfutbolista, Carlos Scarabel y Fernando Arias Caamaño, quienes sostuvieron que el delito por el que se acusaba a Ortigoza estaba prescripto, por lo tanto, se había extinguido la acción penal en su contra.
Es decir, la condena quedó sin efecto y los camaristas devolvieron el expediente al Juzgado Correccional para que revise si en el tiempo en el que se sustanció el proceso contra el exjugador (entre junio de 2015 y octubre de 2022) fue partícipe en algún hecho delictivo que se le pueda imputar. De no haber ocurrido, entonces que adopte un nuevo veredicto.
Así lo hizo la jueza Graciela Julia Angriman, quien subroga actualmente el despacho que dejó Mele por su jubilación, quien tras recibir los informes del Registro Nacional de Reincidencia en donde Ortigoza “no registra antecedentes” dispuso su sobreseimiento. En rigor, lo que hizo fue declarar extinguida la acción penal en su contra “por prescripción” y lo sobreseyó del presunto delito de amenazas coactivas.
“Nosotros vamos a denunciar a Mele por prevaricato agravado y Ortigoza le hará una demanda por daños y perjuicios”, enfatizó ante la consulta de Primer Plano Online el abogado Carlos Scarabel. “Un juez con tantos años en el cargo, que además es docente universitario, no puede desconocer la Constitución. La Corte no puede suspender los términos de la proscripción”, agregó.
En términos legales, prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Eso, en opinión de los defensores de Ortigoza, es en lo que incurrió el magistrado.
“Mele es socio y fanático de San Lorenzo, y un día lo hizo venir de Rosario (estaba jugando en Central) a tribunales a Ortigoza para notificarlo de una pavada que podría haber hecho por la Policía. El juez se tomó fotos, choluleó a un imputado y ahora creo que firmó este fallo para despegarse de eso que fue un escándalo, porque se filtró por todos lados”, cerró Scarabel.
