Un allanamiento ordenado por la justicia en el marco de una causa por usurpación de vivienda derivó en 20 detenciones y el secuestro de 13 bombas molotov en Hurlingham. El caso provocó gran sorpresa entre los investigadores y dio origen a un expediente que tiene pocos antecedentes en el Departamento Judicial Morón.
Según pudo saber Primer Plano Online con fuentes de la investigación en curso, el expediente original se sustanció en la Fiscalía N° 3, con intervención del fiscal Mario Ferrario, a raíz de un conflicto entre dos familias, de las cuales una venía pagando un alquiler, aunque hay un contrato de locación vencido y no quieren dejar la propiedad, ubicada en la calle Subteniente Fernández al 1900.
Ante la negativa, los dueños de la casa radicaron la denuncia, en la que dejaron entrever que se sentían amenazados y que en la vivienda podría llegar a haber armas de fuego. Por ese motivo la justicia solicitó la realización de un allanamiento, para cotejar la presencia de armamento en el lugar.
Sorpresa en el allanamiento
Mayúscula fue la sorpresa cuando, al ingresar, el personal policial de la comisaría 1ª de Hurlingham se encontró con el material explosivo e inflamable en formato de bombas molotov, con combustible ya en distintas botellas, y puntas de lanza, como puede apreciarse en la imagen que ilustra este artículo.
Además, uno de los ocupantes de la casa corrió y arrojó a un terreno lindero un arma calibre .22 que no tenía municiones ni estaba apta para el disparo. Ese revólver fue incautado por la Policía y puesto a consideración de la justicia junto al resto del material hallado.
Del total de personas presentes en la vivienda, 13 son menores (todos punibles salvo una adolescente de 15 años) y 7 son adultos. Por protocolo intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el fiscal Pablo Cabrejas solicitó las detenciones de los 20 implicados en orden al delito de tenencia de material explosivo e inflamable con el fin de contribuir a delitos contra la seguridad.
La pena en expectativa que tiene el delito
Los jueces de Garantías Ricardo Fraga y Karina De Luca, de mayores y menores respectivamente, convalidaron el pedido del fiscal y todos los imputados permanecen detenidos con una acusación que está prevista en el artículo 189 del Código Penal y tiene una pena en expectativa entre 5 y 15 años.
Las familias de los menores reclaman la libertad inmediata asegurando que estaban en una reunión de amigos y que nada tienen que ver con el material encontrado. Hoy a las 10 de la mañana en los Tribunales de Morón habrá una audiencia en donde la Fiscalía expondrá sus argumentos y se resolverá si siguen privados de su libertad y reciben algún tipo de morigeración o incluso son excarcelados mientras avanza la causa.
La propiedad, asimismo, ya está en manos de sus dueños. Permaneció con custodia durante las primeras horas para evitar incidentes pero la calma ya volvió al barrio. La gran pregunta es para qué tenían ese material en su poder, y todo indica -si bien aún es materia de investigación- que era para evitar un posible y eventual desalojo.
