Se negó a declarar y seguirá detenida la mujer perteneciente a la Policía de la provincia de Buenos Aires y oriunda de González Catán, en La Matanza, que trasladaba 20 kilos de cocaína en un tubo de gas, historia que se conoció tras la explosión del rodado en una estación de servicio de la ciudad de Orán, en Salta. Así lo confirmaron fuentes judiciales consultadas por Primer Plano Online.
Se trata de la sargento Sofía Esther Chaparro, a quien el juez federal Garantías de la mencionada localidad salteña, Gustavo Montoya, le imputa el delito de transporte de estupefacientes agravado por su calidad de funcionaria pública.
Si bien Chaparro se negó a declarar, los voceros explicaron que la mujer solicitó a través de su defensa la morigeración de su detención por un arresto domiciliario “para lo cual alegó que la misma debía cuidar de sus hijos, ya que dos de ellos, padecen una discapacidad”. La mujer viajaba con los tres menores de 9, 13 y 14 años, de los cuales el del medio resultó herido en un ojo tras la explosión.
El Ministerio Público Fiscal, en tanto, requirió la imputación de la mujer y solicitó una serie de pericias a fin de avanzar con el caso. Al inicio de la audiencia, Chaparro reconoció ser integrante de la fuerza policial y explicó que había viajado hacia esa provincia para que sus hijos tuvieran contacto con el padre, de quien se separó recientemente y se hallaba en la ciudad de Colonia Santa Rosa por razones laborales.
En cuanto al vehículo, la fiscalía informó que se trata de un bien que pertenece en un 50 % a la mujer policía y a su ex pareja. En el interior, se secuestraron 5 teléfonos celulares, como así también se pudo establecer que la cocaína, por un peso de poco más de 20 kilos, iba oculta dentro del tubo de gas.
El pedido de prisión preventiva hecho por el fiscal José Luis Bruno se fundó en la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y entorpecimiento procesal, como así también en la escala penal del caso, la que impide la aplicación del beneficio de prisión condicional.
Además, el funcionario rechazó el arresto domiciliario porque fue la propia Chaparro “la que expuso a los propios menores, al empleado de la estación de servicios y a otros conductores a un grave riesgo por la maniobra ilícita llevada adelante”.
Al resolver su detención, el juez Montoya coincidió con los argumentos de la fiscalía, por lo que hizo lugar a la imputación, dio por formalizado el caso, dictó la prisión preventiva y autorizó las pericias, tanto a la droga, el automóvil como los teléfonos secuestrados dentro del rodado.
