El juicio contra el jugador de San Lorenzo Néstor Ortigoza atraviesa su etapa final y sólo resta el veredicto del juez Antonio Claudio Mele, titular del Juzgado Correccional Nº 2 de los Tribunales de Morón.
Como informó Primer Plano Online, único medio presente en las audiencias, la acusación en contra del futbolista es por haber amenazado al exjefe de Seguridad del club de Boedo, al que le dio dinero para el pago de patentes de su auto particular, trámite que supuestamente no fue cumplido por el denunciante Mauricio Argañaraz, vecino de Ituzaingó.
La imputación en contra de Ortigoza es por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de armas. Lo que se ventiló en el debate fue lo ocurrido aquel mediodía de junio del año 2015 cuando, según la denuncia, se apareció en la casa de la víctima junto a otro sujeto y lo intimó a la devolución del dinero del trámite que le había encomendado (20 mil pesos en total de hace siete años).
El tema es que, más allá de la denuncia, Argañaraz perdió su trabajo en San Lorenzo (fue despedido) y se tuvo que mudar, por unos días, de su casa con su familia por temor a lo que pudiera pasarle. Es que, luego de la presencia en su vivienda, llegaron audios del futbolista por WhatsApp a su celular con frases intimidatorias.
PEDIDOS DE CONDENA
Para el fiscal del juicio, Pablo Galarza, quedó probado en el debate que en junio de 2015 Ortigoza, acompañado por al menos un sujeto que estaba armado con una pistola, se acercó a la casa de Argañaraz, lo amenazó de palabra y, según el relato de testigos, lo intimidó con la frase “este guachín te va a pegar un tiro si no aparece la plata”.
En su alegato, el funcionario citó a un vecino de la víctima, que estaba en su casa de Ituzaingó tomando mates con Argañaraz, que declaró en el debate y contó lo que observó, que fue que el acompañante del jugador sacó un arma de un morral que portaba y la guardó en varias ocasiones. El futbolista reconoció que fue a la casa del denunciante, pero no que lo haya amenazado y que fue “por las buenas” a reclamarle el dinero que le había dado para pagar las patentes de su auto.
En su teoría del delito, Galarza pidió condenar a Ortigoza por amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y le puso monto a la pena: tres años de prisión condicional con la prohibición de que el volante del ‘Ciclón’ tome contacto con Argañaraz y su familia. Para el fiscal, el mero hecho de la existencia de un arma agrava la imputación al futbolista, porque claramente puede dañar, intimidar o amedrentar a quien es víctima de esa amenaza.
Además, si bien Argañaraz aseguró que sí pagó ese tributo, del cual Ortigoza le reclamaba el dinero, y hasta llevó al juicio un recibo tipo comprobante con el que no pudo acreditarse que se haya efectuado en un Rapipago de San Miguel, el fiscal aclaró que no era eso lo que estaba en discusión en el juicio sino la amenaza. Por eso, Galarza aclaró: “yo represento al Estado y a la sociedad, que no quiere que una persona tenga actitudes como las que tuvo Ortigoza”.
En consonancia con el pedido de pena, el abogado de la víctima, Gustavo Spicuglia, solicitó una condena mayor, que en este caso la elevó a los cuatro años de prisión.
Por su parte, los defensores de Ortigoza, Carlos Scarabel y Fernando Arias Caamaño, consideraron que en el debate “no se pudo comprobar la existencia de un arma de fuego”, por lo cual el encuadre jurídico que le dieron al caso fue diferente.
Si bien ambos abogados reconocieron que el jugador “se pasó de la raya” con el reclamo, al haber quedado acreditado en el juicio que la deuda de patentes que Ortigoza le había encomendado a Argañaraz “no se pagó”, entonces en su interpretación “no hubo delito”.
“Como no se pudo probar que haya habido armas, la coacción no existió y pedimos la absolución de Ortigoza”, plantearon. Y dejaron abierta otra puerta: si no hubo un revólver, el delito quedaría encuadrado en la figura de amenazas simples, con lo cual ya prescribió.
Será el juez Mele quien tendrá la última palabra.
