La justicia de La Matanza dictó la prisión preventiva del policía Matías Vizgarra, acusado de haber asesinado por la espalda al docente Cristian Pereyra, que realizaba viajes para la aplicación DiDi. El hecho ocurrió el pasado 15 de marzo y el uniformado fue detenido pocas horas después del hecho por contradicciones en su relato.
Posteriormente, el fiscal Adrián Arribas reunió una serie de elementos que permitieron ubicar al imputado en el lugar del hecho. Entre otras cosas, pidió el traslado con su celular personal, su nombre quedó registrado en la app y cámaras de seguridad y antenas del teléfono reconstruyeron todo su recorrido hasta el momento del crimen.
También se supo que el policía estaba endeudado, con lo cual la principal hipótesis del caso es que le robó a Pereyra el auto y sus pertenencias y que la víctima se resistió. El Chevrolet Corsa que le sustrajo fue encontrado horas después en la intersección de las calles Coronel Espejo y El Airampú de Ciudad Evita, distante a 10 cuadras de la base de la UTOI en la que prestaba servicio el acusado.
Como si eso fuera poco, la pericia balística confirmó que Pereyra fue ejecutado con el arma reglamentaria del imputado. Por eso la Auditoría General de Asuntos Internos de la Bonaerense dispuso su inmediata desafectación. El caso está caratulado como homicidio criminis causa, y la pena en expectativa es prisión perpetua.
Riesgos procesales
La resolución del juez Gustavo Banco, a cargo del Juzgado de Garantías N° 5, establece que Vizgarra deberá ser trasladado a un pabellón destinado a personal policial en conflicto con la ley de algún establecimiento del Servicio Penitenciario. Es que permanecerá detenido hasta el juicio por la cantidad de evidencia reunida en su contra.
Hubo otras cuestiones evaluadas para solicitar la preventiva por parte del fiscal. La posibilidad concreta de que se obstruya la investigación, porque está acreditado en el expediente que Vizgarra contactó a otro policía en un hospital para preguntar por ingresos de heridos de bala. “Intentó usar sus vínculos para obtener información confidencial y entorpecer la investigación”, expresó el abogado Roberto Torres, que representa a la familia de la víctima.
Asimismo, por su función en la fuerza y sus conocimientos “es una amenaza directa” para la familia Pereyra: el domicilio del imputado es a 20 cuadras de la casa en la que vivía en educador. El abogado querellante también insistió en “saber qué pasó desde el momento donde la app de DiDi marca que está finalizado el viaje, en la localidad de Mariano Acosta, y el lugar en donde lo termina asesinando, que es en Virrey del Pino”.
En paralelo al pedido de justicia expresado por la familia, organizaciones sociales, políticas y gremios docentes mantienen en alto su reclamo “contra la precarización que obliga a los docentes a realizar otros trabajos para poder llegar a fin de mes”.
