Profunda preocupación causó en las autoridades del colegio Esclavas, de Ituzaingó, la presencia en el establecimiento educativo de dos estudiantes con armas en las aulas en semanas consecutivas.
Si bien luego se confirmó que los revólveres que llevaron eran de cebita, quienes conducen el instituto actuaron de inmediato y decidieron recurrir a especialistas: funcionarios judiciales acudirán a la escuela para brindar charlas a chicos y chicas para hablar sobre el tema.
“Desde el colegio no hicieron denuncias ni dieron intervención a la justicia ni a la Policía, pero se movieron rápido y decidieron optar por socializar en una charla a la comunidad educativa para reflexionar sobre el peligro de las armas”, informaron a Primer Plano Online fuentes vinculadas a la justicia.
“Estuvo bien trabajada la problemática. La idea es que sean los operadores escolares quienes manejan la parte pedagógica y que los judiciales puedan exponer sus conocimientos, pero siempre con la idea de nutrir de nuevos saberes a los estudiantes y que entiendan que no se trata de un juego andar armado”, completó el vocero consultado.
Según su definición específica, la cebita es un dispositivo de papel o plástico que contiene una serie de pequeñas porciones de explosivo con las que se simulan disparos en armas de juguete. Por supuesto: son no letales y sólo hacen ruido emulando disparos. Por eso, técnicamente no hubo delito y la situación se manejó en el ámbito educativo.
Especialistas de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense de elaboraron una guía que se actualiza año a año. Se trata de una orientación marco para intervenir en situaciones conflictivas y vulneración de derechos en el ámbito escolar y allí se remarca que “es importante evitar la judicialización de aquellos casos que no lo requieren como realizar la denuncia a la justicia cuando la gravedad de la situación lo amerita”.
“Esto no supone limitar el derecho ciudadano al recurso jurídico, pero pone una alerta sobre ciertos procesos de judicialización que, en vez de acompañar la resolución de una situación, pueden obstaculizar la posibilidad institucional de avanzar en intervenciones que permitan pensar y revisar la dinámica institucional y modificar la situación que dio lugar a la situación de conflicto”, se especifica en el texto.
Ese fue el camino utilizado por las autoridades del colegio en cuestión, tal como reflexionó otra referente en la temática juvenil consultada por Primer Plano Online. “¿Para qué judicializar algo que no es delito? Si esa situación queda en solamente hacer una denuncia y no hablás con los pibes de la gravedad que podía causar si fuera un arma que servía, perdés una oportunidad de enseñanza y concientización”, completó.
