Los cigarrillos electrónicos -popularizados en el último tiempo como vapeadores– son productos cuya importación, distribución, comercialización y publicidad se encuentra actualmente prohibida por la disposición A.N.M.A.T. N° 3226/2011, norma regulatoria que fuera refrendada por el mencionado organismo en el año 2016 -gobierno de Mauricio Macri- a través de un estudio de evaluación de tecnología sanitaria y un comunicado informativo.
Ante esta situación, el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Martello, elaboró un informe pormenorizado para analizar a fondo la cuestión. Entre otros aspectos, desde el Observatorio se menciona que datos oficiales muestran que en la Argentina el 18% de los estudiantes de entre 13 y 15 años fuman cigarrillos, mientras que el 7,1% utilizan cigarrillo electrónico.
Además, el 41,8% de los estudiantes creen que el cigarrillo electrónico es menos dañino que el cigarrillo común, mientras que el 7,3% considera que es más dañino y casi un 40% de los jóvenes no sabe si es más o menos dañino. “Es decir, existe una extremadamente baja percepción del riesgo (solo el 7,3%) en este grupo etario, el cual suele ser objeto de estrategias subrepticias de incentivo al consumo por parte de la industria del tabaco”, explicó Martello.
“No creo oportuno, necesario, conveniente, ni prudente, introducir –al legalizarlo– un nuevo producto con nicotina en el mercado argentino”, expresa el Defensor y cita: “Si bien es cierto que este producto está presente en nuestro país, no es menos cierto que dicha presencia es ilegal y que fue la falta de compromiso y de decisión política lo que permitió su proliferación. Ignoramos qué intereses inconfesables permitieron su penetración y propagación en las webs de comercio electrónico con total impunidad y frente a los ojos de los sucesivos gobiernos. Si fue simple desidia o si existió complicidad. Nos genera un profundo malestar especular que, tal vez, los beneficiarios finales de esta medida de legalización de los cigarrillos electrónicos terminen siendo los mismos que invadieron el mercado desde la ilegalidad”
El informe de la Defensoría concluye que “La salvaguarda de la salud de la población es una de las funciones esenciales e indelegables del Estado. Se trata de una responsabilidad que no puede ignorarse en aras a un mero afán recaudatorio, apalancándose en supuestas crisis financieras apocalípticas. No se trata de una actitud paternalista del Estado, ni se trata de un mero prohibicionismo cerril e ingenuo. Se trata de no dar por tierra con el arduo trabajo que se ha venido realizando desde hace décadas para disminuir el consumo de tabaco”. En este camino Martello expresa: “no creo que sea legítimo en la búsqueda de lograr el equilibrio fiscal legalizar y gravar con impuestos productos cuya comercialización desaconsejan los organismos de salud especializados nacionales e internacionales. En pos de una actividad meramente recaudatoria no puede dejarse de lado la manda instituida en el artículo 42° de nuestra Constitución Nacional la cual establece y garantiza el derecho de los consumidores a la protección de su salud, seguridad e información, poniendo en cabeza de las autoridades la responsabilidad y la obligación de proveer la debida protección de estos derechos”, concluye.
