Un grupo de gobernadores propuso que la Nación transfiera a la Provincia y a la ciudad de Buenos Aires las empresas proveedoras de energía Edesur y Edenor y la compañía de agua AySA. Lo que buscan es que los Gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta se hagan cargo de los subsidios que hoy aporta la Nación para financiar las tarifas que pagan bonaerenses y porteños.
En su cuenta de Twitter, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti publicó: “Todas las provincias tenemos que estar en igualdad de condiciones. Para eso hay que traspasarle AySA, Edenor y Edesur a Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires. También eliminar o igualar el subsidio al transporte público”.
Alarmada por el posible avance de un proyecto que implicaría que su administración deba hacerle frente a una transferencia cercana a los 15 millones de pesos, la gobernadora María Eugenia Vidal comenzó a diagramar una estrategia de resistencia. Así fue que le pidió a los intendentes del PJ que salgan a cruzar a los gobernadores de su partido que impulsan esta iniciativa bajo el argumento de que si Buenos Aires debe absorber el pago de los actuales subsidios, habrá menos dinero para repartir entre las comunas.

Intendentes del conurbano como Juan Zabaleta (Hurlingham), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariano Cascallares (Almirante Bown) se pronunciaron contra este proyecto. También lo hicieron jefes comunales del interior de la provincia como Hugo Corvatta (Saavedra Pigüé) y Néstor Alvarez (Guaminí), a los cuales la empresa no les brinda el servicio pero sí son conscientes de lo irresponsable que resulta la propuesta.
A medida que la iniciativa comenzó a sonar más fuerte, se metió en los despachos de dirigentes peronistas que comenzaron a elevar su voz en contra. Tal es el caso de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Marisol Merquel, quien consultada por Primer Plano Online manifestó: “Con conciencia, con propuestas superadoras y con una verdadera vocación de gobernar, el Peronismo bonaerense rechaza este proyecto de transferencia que tiene mucho más de mezquindad y oportunismo que de reconocer que somos los que habitamos esta provincia quienes más aportamos al Presupuesto Nacional” y agregó “es nuestra provincia la que recibe con los brazos abiertos a miles de hermanos que se acercan a vivir, estudiar y trabajar, como hace años lo hicieron nuestros abuelos”.
Entre los intendentes que reaccionaron más enfáticamente contra la propuesta de traspaso, Juan Zabaleta, jefe comunal de Hurlingham aseguró que “el hecho de que una empresa como AySA dependa del gobierno provincial sin los recursos económicos y financieros necesarios para su funcionamiento y concreción de un plan de obras sería un acto de irresponsabilidad, ya que provocaría un grave desfinanciamiento provincial que también impactará en los municipios”, argumentó.
Haciendo un poco de historia, cabe recordar que el 21 de marzo de 2006 el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, creó AySA, la empresa que con un 90% de participación estatal y 10% en manos de los trabajadores, provee de agua y obras cloacales a los habitantes del Conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, para acentuar los argumentos de inviabilidad de la iniciativa, el dirigente peronista de Morón Gabriel Barquero objetó: “hoy los gobernadores del interior pretenden transferir a nuestra provincia el costo de la empresa, hecho que afectaría el presupuesto provincial y, principalmente, el servicio de agua y cloacas”.
El debate está abierto, las distintas posiciones enfrentan a la dirigencia del peronismo y profundiza una grieta interpartidaria basada en un conflicto económico que afecta también la garantía de seguir expandiendo en la provincia de Buenos Aires servicios esenciales como son los de agua corriente, cloacas y electricidad.













