En un operativo coordinado entre distintas fuerzas de seguridad, la Policía bonaerense desmanteló un búnker de venta de drogas en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo. La intervención fue posible gracias a una denuncia anónima realizada a la línea de emergencias 911, que alertaba sobre actividades vinculadas al narcomenudeo en un asentamiento del barrio Esperanza.
El procedimiento fue encabezado por la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Morón, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Morón, personal de la Comisaría 6ª de Merlo, la Estación de Policía de Seguridad Departamental Merlo y el Comando de Patrullas local. También colaboró la Secretaría de Seguridad del Municipio.
La causa tramita en la Fiscalía Nº 9, a cargo del fiscal Ezequiel Lovillo, y el procedimiento fue autorizado por la jueza Karina De Luca, titular del Juzgado de Garantías Nº 6 de ese Departamento Judicial, luego de la compilación de elementos que permitieron establecer cómo operaba la organización delictiva que, además, tenía amenazada a la vecindad.
Los uniformados realizaron seguimientos encubiertos, registros fotográficos y filmaciones sobre las inmediaciones de una precaria casilla ubicada sobre la calle Blanqueada al 100, entre Orán y Luis Peña. La venta de la sustancia ilícita se realizaba mediante “un pequeño orificio lateral”, precisaron los voceros, algo que impedía identificar a los vendedores, en su mayoría varones de nacionalidad paraguaya.
Amenazas, secuestros y detenciones
Además del comercio ilegal, los responsables del punto de venta amedrentaban a las familias del barrio para que no denuncien la actividad, lo que generaba “un clima de temor e impunidad”, agregaron las fuentes consultadas. Eso, por cierto, dificultó la investigación.
Después de reunir los elementos de prueba, la justicia dispuso la realización del allanamiento de rigor, que terminó con el secuestro de gran cantidad de dosis fraccionadas de pasta base listas para la venta, envoltorios con cocaína, cogollos de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos para periciar y valorar en la causa.
Ahora los sindicados como integrantes de la organización esperan ser indagados para resolver su situación procesal mientras la investigación continúa para determinar si existen otros puntos de venta vinculados a la misma banda.
