Otra docente de una escuela de Merlo, en este caso de Educación Especial, fue sobreseída por la justicia de Morón tras una denuncia por abuso que jamás prosperó por falta de elementos de prueba. La profesional acusada considera que fue un hecho “a traición” el que experimentó, y aguarda que la Dirección General de Cultura y Educación la habilite para volver a ejercer la enseñanza, aunque en otro ámbito.
Por obvias razones la identidad de la protagonista del caso no será publicado, porque además la justicia se encargó de dejar limpio su nombre y honor, como si nada de esto hubiera pasado. Pero, en rigor, pasó, y lo padeció durante más de tres años en que no pudo ejercer la docencia y fue corrida de su cargo para desempeñarse en tareas administrativas.
“Fue una denuncia silenciosa, hecha considero yo a traición y de la que me enteré 4 meses después de radicada. En ese tiempo la familia de la nena la siguió mandando a la escuela y hasta se comunicaba conmigo por mensajes para agradecer el trato que le brindaba. Un día llegó la Policía al colegio con la cédula y ahí supe lo que pasaba”, contó la docente a Primer Plano Online vía telefónica.
Ella estaba al frente de un curso en la Escuela de Educación Especial 504 de San Antonio de Padua, y también es maestra de nivel inicial. La denuncia en su contra fue porque, supuestamente, una menor de 7 años y con síndrome de Down contó en su casa que ella la había manoseado mientras le cambiaba los pañales. Sin embargo, la niña “no cuenta con recursos cognitivos, mnésicos y discursivos para poder realizar la declaración testimonial en Cámara Gesell acorde”, dictaminaron los peritos que analizaron el caso.
“Un caso donde la imputada parece haber sufrido más que la supuesta víctima”
En ninguna de las instancias, además, detectaron síntomas de abuso, siendo que en torno a la niña “no se detectaron indicadores específicos ni inespecíficos” como los denunciados, y que se trata de una menor “saludable, sin alteraciones en su conducta ni afectación alguna de índole traumática relacionada a la posibilidad de victimización sexual”. En otras palabras, no hay manera de avanzar en un proceso judicial contra la educadora.
Así lo entendió el juez Ricardo Fraga, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, quien lo plasmó en su fallo. “Me encuentro ante un caso que presenta una clara orfandad probatoria, que excede los plazos razonables y en donde la imputada parece haber sufrido más que la supuesta víctima”, dictaminó.
El magistrado también valoró el aporte realizado por el abogado Sebastián Chouela, defensor de la maestra. “Mostró un claro interés en el avance del proceso y la dilucidación de los hechos, aportando prueba e instando a su contraparte a realizar las medidas pertinentes”, refrendó en el veredicto.
La docente agradeció el respaldo que recibió de toda la comunidad educativa en general, incluso de las directivas del colegio, que informaron a las familias que se había retirado del establecimiento por una situación particular, sin brindar detalles para no agrandar el caso. “Siempre mi principal preocupación fue cuidar a mis padres, que son dos personas mayores. Ahora que todo esto se aclaró espero volver a la tarea que tanto amo”, concluyó.
