La justicia de Morón procesó al dueño de una Pyme que fabrica insumos para la industria farmacéutica por amenazar a sus empleados que exigían el pago de sus salarios. Luego de tomar 11 testimonios de víctimas, la Fiscalía interviniente solicitó un allanamiento en la vivienda del imputado, en donde la Policía secuestró un particular arsenal.
Según logró reconstruir Primer Plano Online con fuentes de la investigación, el hecho que dio origen a la causa penal se suscitó en la sede fabril de la calle Margarita Corvalan al 1400 de El Palomar. Fueron varios los trabajadores de la empresa en cuestión que coincidieron en su relato: recibieron amenazas cuando exigieron la cancelación de sus sueldos.
La denuncia presentada por las víctimas fue presentada de la siguiente manera, palabras más, palabras menos: el propietario del lugar llegaba y pedía, “de mala manera”, que le abran la puerta. “Bajaba de su vehículo con chalecos antibalas o tácticos”, precisaron ante la fiscal Paula Salevsky, se la UFI N° 4 de Morón. Ya esa actitud era intimidatoria.
Posteriormente, cuando escuchaba los planteos del personal, uno a uno los citaba en una oficina, los “maltrataba verbalmente” y hasta ponía armas sobre la mesa. “Muchachos, está todo bien acá, ya les vamos a pagar”, era el remate de cada conversación individual. Después de conversar entre ellos cuál fue la situación a la que estuvieron sometidos, los trabajadores decidieron actuar.
Los allanamientos
Después de recopilar los testimonios, la fiscal solicitó al juez Gustavo Robles, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de Morón, la realización de un allanamiento en la vivienda del acusado, identificado como Diego Emmanuel Megy (50), en un domicilio de la calle Misiones al 800 de San Isidro.
Fue allí que personal de la comisaría 6ª de El Palomar incautó un arsenal: contaba con 11 armas largas, entre ellas carabinas, escopetas y otras de aire comprimido; 5 pistolas y varias cajas con municiones de diverso calibre. Un dato: el imputado tiene documentación de legítimo tenedor de las armas y en sus redes sociales se presenta como instructor de tiro.
Además, la justicia ordenó también el secuestro de las cámaras de seguridad de la empresa y una requisa en las oficinas para determinar si allí acopiaba armas. En principio, la acusación que pesa sobre el empresario es el de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Megy quedó notificado de la causa en su contra, pero sin restricción de su libertad.
