El Concejo Deliberante de Morón aprobó por unanimidad la ordenanza que modifica el cobro de tributos por derechos de construcción en altura para grandes desarrollos inmobiliarios y edilicios en el distrito. El lobby constructor, integrado por varias empresas desarrolladoras, logró imponer las nuevas condiciones que favorecen a la actividad en el marco de la profunda crisis económica y financiera que atraviesa el país.
“Así como está regulado el esquema de pago de los derechos de construcción, el negocio se había convertido en inviable”, le confió a Primer Plano Online un empresario del rubro que no participó de las reuniones con el Ejecutivo municipal pero que sí venía reclamando que se cambien las reglas del juego para poder fomentar inversiones.
Lo curioso es que la modificación propuesta por los concejales oficialistas que responden al intendente, Lucas Ghi, fue acompañada y festejada por sus pares libertarios, en todas sus versiones, y también por el bloque Fuerza Patria, que acompañó la iniciativa, aunque marcó diferencias.
“Acá lo que se va a generar es un problema de desfinanciamiento del Estado Municipal que luego se intenta enmendar echando trabajadores o cerrando servicios, porque cobrando todos los derechos de construcción tal cual estaban en diciembre no pudieron abonar las horas extras del personal. Acá le están dando un beneficio al sector privado que nosotros vamos a acompañar, pero que no queremos que las consecuencias las paguen los vecinos”, señaló Diego Spina, vocero del bloque referenciado en Martín Sabbatella.
La modificación a la ordenanza fiscal en Morón
En el proyecto quedó establecido el planteo realizado por un total de 10 empresas, que le explicaron a las autoridades municipales y luego a los concejales que “lejos de fomentar el desarrollo urbano”, la consecuencia práctica de la norma vigente “es que los inversores se vean obligados a analizar el traslado de sus proyectos a otros Municipios como La Matanza, Ituzaingó, Tres de febrero y Hurlingham, donde los derechos resultan más equilibrados y previsibles”.
Según los desarrolladores, el criterio con el cual se calculaban los metros a abonar por derechos de construcción “carece de razonabilidad y coherencia técnica, dado que dichos espacios a edificar no poseen el mismo uso, valor ni impacto urbano que los metros habitables o productivos”. “El resultado es una sobrecarga económica injusta que desalienta la inversión”, concluyeron como fundamento central del pedido.
En concreto, los cambios que sufrió la norma a partir de lo girado por la Secretaría de Planificación Estratégica, a cargo de Guillermo Pascuero, es que cada piso que se construya en altura por encima del 5° pagará una alícuota del 10% en contraposición a la legislación vigente, que establecía el pago de un 20% más y 10% acumulativo por piso (20% en el 6°, 30% en el 7° y hasta el 80% a partir del piso 10).
En concreto, se equipara a lo que debe abonar cada familia con domicilio en Morón para construir una habitación más o modificar la estructura de su vivienda.
