La senadora provincial Mónica Macha (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley para suspender durante un año las ejecuciones hipotecarias, tanto judiciales como extrajudiciales, sobre inmuebles destinados a vivienda única y de ocupación efectiva en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa busca establecer una medida excepcional y transitoria para evitar que familias pierdan su hogar en un contexto de fuerte deterioro económico, marcado por el aumento del endeudamiento y las dificultades para afrontar las cuotas de los créditos hipotecarios.
Según el texto presentado, la suspensión alcanzaría exclusivamente a inmuebles destinados a vivienda única y permanente y no implicaría la condonación de las deudas, sino la postergación de los procesos de ejecución. El objetivo es otorgar un margen de tiempo para que los deudores puedan reordenar su situación financiera.
“Desde que asumió Javier Milei, millones de argentinos y argentinas se vieron obligados a endeudarse para poder sobrevivir en gastos como alimentación, el alquiler o para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, el pluriempleo dejó de ser una excepción y pasó a ser la regla para sostener los ingresos familiares”, expresó la legisladora oriunda de Morón.
“No solo está en riesgo el derecho a la vivienda, también el derecho al cuidado, al tiempo propio, al descanso y al ocio. Esa realidad impacta directamente en nuestros cuerpos y en nuestra salud mental. El gran hito del gobierno de Milei es el endeudamiento para poder sobrevivir”, agregó.
Indicadores socioeconómicos
El proyecto se apoya en distintos indicadores sobre la evolución del endeudamiento de los hogares. De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 20,9 millones de personas mantienen algún tipo de deuda y 5,8 millones registran atrasos en sus pagos. En la provincia de Buenos Aires, el informe señala que el 28,5% de las personas endeudadas se encuentra en mora, mientras que ese porcentaje asciende al 31,6% en el caso de las deudas contraídas a través de billeteras virtuales.
La iniciativa también incorpora datos sobre la situación habitacional. Según estadísticas de Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, el 73% de los hogares inquilinos mantiene deudas, uno de cada cinco debió mudarse por razones económicas y casi la mitad destina el 50% o más de sus ingresos al pago del alquiler. En territorio bonaerense, el 21,5% de los hogares habría abandonado su vivienda por no poder afrontar ese gasto.
Entre los fundamentos, el proyecto sostiene que la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral y el incremento del endeudamiento incrementaron el riesgo de ejecuciones hipotecarias. En ese marco, advierte sobre el impacto de los créditos ajustados por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), cuyo valor acumuló -según la iniciativa- un incremento del 13.200% desde su implementación hasta abril de 2026.
“La vivienda es un derecho humano fundamental y no puede quedar librada exclusivamente a la capacidad de pago de las familias en un contexto de crisis. Cuando la economía empuja a miles de personas al endeudamiento, el Estado tiene la obligación de intervenir para evitar que pierdan su único hogar”, expresó Macha.
La propuesta deberá ahora iniciar su tratamiento en las comisiones correspondientes de la Legislatura bonaerense. De obtener respaldo parlamentario, la suspensión tendría una vigencia de doce meses y alcanzaría únicamente a las viviendas únicas de ocupación efectiva, con el objetivo de evitar desalojos derivados de ejecuciones hipotecarias mientras persistan las actuales condiciones económicas.
