La mega devaluación que sufrió el peso desde el pasado lunes a partir del incremento del dólar después de la derrota del gobierno en las elecciones primarias del domingo hace que no exista un precio de referencia para la mayoría de los productos que se comercializan en el mercado local.
Pero esa situación no afecta únicamente a bienes durables y de alto costo sino hasta a los alimentos. Son múltiples las denuncias que llegan a los medios de comunicación y también a los estamentos institucionales en torno a la retención de mercadería por parte de algunos supermercados y la falta de información sobre el precio de algunos productos.
Ante las denuncias por retención de mercadería por parte de #supermercados y la falta de información sobre el precio de algunos productos, iniciamos una investigación de oficio y presentaremos una denuncia ante la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.
— Guido Lorenzino (@GLorenzino) August 14, 2019
Por ese motivo, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires salió a reclamar formalmente al gobierno bonaerense que ponga en ejecución la Ley de Abastecimiento. “Exigimos que se aplique la Ley de Abastecimiento, la de Defensa del Consumidor y la de Lealtad Comercial. Las familias no pueden vivir con esta incertidumbre. Es necesario que las autoridades hagan cumplir la ley”, comunicó mediante la red social Twitter el titular de ese organismo, Guido Lorenzino.
Dicha norma establece, entre otras cuestiones, que “el Estado podrá intervenir en cualquier compraventa, permuta y locación –cualquiera fuera su naturaleza– que tenga relación con la producción, construcción, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, logística, esparcimiento, y en todo aquello que el Gobierno entienda que esté orientado al bienestar general de la población”.
Asimismo, implica que el Poder Ejecutivo de cada provincia podrá establecer –en cualquier etapa del proceso económico– márgenes de utilidad, precios de referencia, precios mínimos y máximos, y que los gobernadores “podrán fijar precios máximos en sus territorios”.
