El crimen del chofer Leandro Alcaraz no sólo dejó al descubierto los niveles de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el submundo que prevalece en diversas regiones, la indefensión de muchos vecinos frente al delito y lo sencillo que resulta acceder a un arma para quienes tienen pretensiones de hacer daño. También sirvió para mostrar otra realidad, que es la de las empresas de transporte público en el territorio bonaerense.
Luego de la reunión que mantuvo la gobernadora María Eugenia Vidal el pasado lunes en La Plata con empresarios del sector y representantes del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno provincial decidió instrumentar la ley para que todas las unidades cuenten con cámaras de seguridad. Se trata de una norma que fue aprobada hace dos años, y que ahora el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, anunció que «en los próximas 90 días los colectivos que trabajen de noche deberán tener colocadas las cámaras y a los 180 días la totalidad de los 9 mil micros, tanto los 5 mil provinciales como los 4 mil de líneas municipales».
Pero, según un relevamiento que realizó Primer Plano On Line entre diferentes empresarios del sector que pidieron no ser individualizados, el nivel de acatamiento a la medida será bajísimo. “No estamos en condiciones de realizar semejante inversión”, coincidieron en responder los dueños de los colectivos que transitan las calles bonaerenses. Lo aseguran pese a que Vidal tomó la decisión de otorgar una línea de créditos blandos a través del Banco Provincia, con bajo interés y un año de gracia para comenzar a pagar.
Es más: como pocas otras veces, los empresarios están de acuerdo en la idea de que debe ser el Estado provincial el que se haga cargo de la inversión como dueño de los recorridos, que son licitados y concesionados a privados para que los exploten pero la propiedad le sigue perteneciendo al ámbito estatal. Por caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tomó la decisión de instalar el sistema en los colectivos pero con un gasto a cargo de su gestión.
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En base a datos que recogió Primer Plano On Line, el costo aproximado operativo por unidad para la colocación del sistema es de 47 mil pesos. Eso implica la instalación de cuatro cámaras con circuito cerrado y que permitan un monitoreo permanente. El total de la inversión, entonces, asciende a 423 millones de pesos. Se trata de un monto millonario y que desde muchos lugares ligados al transporte dudan que pueda aportar soluciones a la inseguridad. “Las cámaras van a servir, en algunos casos, para individualizar a delincuentes, y en la mayoría, para después ver el hecho consumado en los medios”, expresaron tanto empresarios como choferes, todavía muy sensibilizados con el crimen de Leandro Alcaraz en Virrey del Pino hace una semana.
Hay otro tema en debate, aunque por el momento no es algo que está previsto que sea obligatorio: las cabinas. En este caso, son los trabajadores quienes no lo consideran apropiado y hasta el gremio no lo vería con buenos ojos. Sustentan su mirada crítica en el “nivel de claustrofobia” que provocará en los conductores. Todo, además, sintetiza una idea que provoca rechazo general, y está referida a la noción de estar controlados de manera continua mientras se encuentran al mando de un colectivo, como sucede con las formaciones ferroviarias.
En síntesis, la manta corta que evalúan tanto empresarios como choferes implica que se le podría estar dando una suerte de protección a los conductores pero no a los pasajeros. A modo de ejemplo, en Morón los empresarios de líneas comunales 634 (explotada por la Empresa Línea 216) y 635 (cuyos responsables son los propietarios de la empresa La Cabaña) ya le advirtieron al intendente que no pueden hacerse cargo de esa inversión para las 80 unidades que tienen a disposición de los usuarios para cubrir los recorridos.
“Dispuestos siempre estamos, pero no estoy seguro que estemos en condiciones de invertir de nuestros fondos en estos temas. Vamos a ser articuladores con la Provincia de Buenos Aires, pero creo que hay que buscar la forma de que los empresarios entiendan que hay que invertir, es parte del servicio”, respondió el intendente Ramiro Tagliaferro en conversación con Primer Plano On Line cuando éste medio lo consultó sobre si el Estado Municipal podría realizar algún aporte al respecto.
AUDIO DE LA RESPUESTA DE TAGLIAFERRO A PRIMER PLANO ON LINE
BOTONES ANTIPÁNICO
La Provincia sí avisó que se hará cargo de la colocación de botones antipánico pero también surge una duda para dilucidar en cuanto al lugar en que serán instalados esos dispositivos. Los empresarios consultados por Primer Plano On Line, todos coinciden que el lugar correcto para estar colocados tiene que ser al lado de alguno de los pedales, cosa que el chofer lo pueda accionar con el pie. Aunque después viene la inquietud en torno a la cantidad de minutos que le demandará a un patrullero llegar hasta el lugar en el cual está la emergencia, sobre todo por la extensión territorial que tiene la provincia.
