La novela interminable y el círculo de violencia que no cesa parece ahora haber encontrado un límite judicial. Es que luego de varias idas y vueltas, fallos, apelaciones e incumplimientos, un tribunal de alzada priorizó el valor de la vida por encima del interés comercial y el derecho al trabajo y fijó una restricción perimetral de acercamiento de un empresario a su expareja y uno de sus hijos mucho más amplio que el concedido originalmente.
El destinatario del fallo emitido por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Morón, integrada por los jueces Elisabet Fernández y Fernando Bellido, fue el empresario Aldo Daniel Argüelles, propietario de la firma Maquimax, el negocio de venta de maquinarias y herramientas ubicado sobre colectora norte de la Autopista del Oeste, casi en la esquina de la bajada de Santa Rosa, en Ituzaingó.
Se trata de un hombre que fue denunciado por su ex esposa, Graciela Dol, y uno de sus hijos, Federico, por haberlos amenazado, y al que la justicia correccional le impuso una perimetral de 5 metros que no cumplió. El 26 de diciembre de 2022, la jueza Adriana Angriman rubricó la condena contra el empresario en orden a los delitos de amenazas simples reiteradas y desobediencia a la autoridad. La pena impuesta fue de un año y cuatro meses de prisión en suspenso.
Sin embargo, en agosto de 2023, cuando todavía no se había cumplido el plazo, el imputado volvió a agredir a su exmujer, según denunció la víctima. El tema es que tenían comercios contiguos: al lado de Maquimax, la mujer y su hijo administran un local de ropa de trabajo. “Ves, me paro acá cuando quiero, me cago en los jueces, en la Policía… Te voy a seguir viendo cuando quiera y vos vas a seguir acá hasta que yo quiera”, le espetó Argüelles a la denunciante según expuso la mujer.
Una pena incumplida y el calendario que volvió a correr de cero
Si bien la pena fue pactada entre la víctima y el imputado y la Fiscalía interviniente le llevó la propuesta al Juzgado Correccional de Angriman, lo cierto es que más allá del monto la jueza también impuso una serie de normas de conducta que el condenado debía cumplir por dos años, entre las que estaba el impedimento de acercarse a ella.
Como Argüelles padre las incumplió, fue la propia magistrada la que pidió revocar su condena y que pase a ser de cumplimiento efectivo en vez de condicional. Eso fue apelado por la defensa del empresario y el caso terminó en la Cámara de Apelaciones, que adoptó un camino intermedio: no mandó a la cárcel al condenado, pero le amplió la perimetral a 500 metros y determinó que todo lo transitado hasta el momento no contaba para el cómputo de pena.
Esa medida también fue recurrida por la defensa del dueño de Maquimax y ahora el tribunal de alzada volvió a resolver: la restricción perimetral es de 1000 metros hacia su exmujer y su hijo, y el dispositivo encargado de que se cumpla será un monitoreo electrónico de GPS a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Además, Argüelles padre deberá someterse a un tratamiento sobre masculinidades y bajo la órbita del Patronato de Liberados. En tanto, la pena contra el empresario se tendrá por concluida el 26 de diciembre de 2026 y la caducidad operará el 26 de diciembre de 2032.
