La jueza María Dolores Pérez Ugidos, titular del Juzgado de Ejecución Nº 1 de Morón, rechazó el pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa de Luis Mieres, el propietario del comercio condenado a perpetua por asesinar a fierrazos y enterrar el cuerpo del pizzero Jorge Zágari, el empleado que le había ido a reclamar el pago de su salario.
La defensa oficial de Mieres solicitó el beneficio no sólo por su edad (71), sino también por “las múltiples dolencias que lo aquejan”, entre las que enumeró una diabetes con úlcera en el pie derecho, con problemas para desplazarse e hipertensión, la ingesta de medicación permanente y control glucémica. En función de su delicado estado de salud y teniendo en cuenta la superpoblación existente en las unidades carcelarias se ve seriamente imposibilitada su correcta asistencia”, fundamentó el abogado que lo representa.
Sin embargo, a partir del planteo realizado, la magistrada requirió informes al Servicio Penitenciario que desmintieron ese presunto peligro sanitario. El médico Alejandro Mazza, responsable de la Sección Sanidad de la Unidad Carcelaria Nº 1 de Lisandro Olmos en la que Mieres se encuentra cumpliendo pena, señaló que el comerciante “padece una enfermedad incurable y de carácter crónico que no es de perfil degenerativo ni curso terminal y requiere tratamiento permanente”, y que recibe su medicación por vía oral. Para el profesional, la privación de su libertad “dificulta, pero no impide el tratamiento de su dolencia”.
En tanto, el abogado Martín Horacio Meyer, representante legal de la familia Zágari, consideró que “no se encuentran vulneradas las garantías convencionales y constitucionales ni el derecho a la salud en todos sus aspectos”, por lo cual se opuso enfáticamente al arresto domiciliario. En la misma sintonía se expresó la fiscal Norma Beatriz Menéndez, quien refirió que por “la extrema peligrosidad social que reviste el suceso por el que viene sentenciado” la dolencia de Mieres no reúne “las condiciones necesarias útiles y válidas para dar curso favorable a la concesión”.
Así, la jueza Pérez Ugidos reflexionó también que “la sola verificación de que el interno es mayor de setenta años no obliga al juez a otorgar la prisión domiciliaria”. Sólo se puede considerar el beneficio cuando se constate que “la permanencia en un establecimiento penitenciario signifique un trato cruel, inhumano o degradante para los condenados de edad avanzada”, que no es el caso de Mieres, porque recibe la atención médica que su patología requiere.
Cabe recordar que el asesinato del trabajador se produjo el miércoles 9 de diciembre de 2020 en el negocio ubicado en la calle Pérez Quintana al 3.700, en Ituzaingó, a donde la víctima se había presentado a cobrar su mensualidad. Eso originó una discusión con el propietario del local, quien era renuente a pagar el salario de un empleado que no estaba yendo a desarrollar su tarea por estar exceptuado (por una patología previa) a raíz de la emergencia sanitaria devenida de la pandemia de Covid-19.
En esas circunstancias Mieres tomó un fierro tipo barreta y lo mató a golpes para luego hacer desaparecer su auto y enterrar sus restos en la vivienda ubicada atrás del negocio. Una vez hallado el cadáver, el asesino confesó el crimen y terminó condenado en el juicio.
