La justicia seguirá investigando si los efectivos policiales desafectados de sus funciones tras una protesta por mejoras salariales en Ituzaingó cometieron algún delito.
Después de la decisión tomada por el fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Descentralizada Nº 1 de ese distrito, que consideró que técnicamente los oficiales en cuestión “no cometieron ningún delito” y que debía ser la propia fuerza la que evalúe si corresponden sanciones, ayer se conoció una medida que dio vuelta el fallo.
Es que la Fiscalía General de Morón calificó de “cuanto menos prematura” la resolución de Tavolaro y le indicó que “no se han agotados las diligencias necesarias para descartar o no la comisión de delito alguno”. Es decir, le ordenan seguir investigando el comportamiento policial.
“Advierto que no se ha requerido a la Auditoría General de Asuntos Internos copia de las actuaciones disciplinarias que allí tramitan de la que podrían surgir elementos de utilidad para la presente, ni se ha obtenido respuesta por parte de la Autoridad Policial respecto si hubieron otros incidentes en la zona de recorrida de los móviles involucrados en la presente de los que no hayan dado respuesta”, se especifica en la revocación del pase al archivo del expediente que ahora sigue en trámite.
Los policías que seguirán siendo investigados por su protesta en Ituzaingó
La medida, firmada por la fiscal general adjunta, Daniela Barrozo, detalla que “para arribarse a una resolución definitiva deben agotarse todas las medidas de prueba que pudieran acreditar el hecho ilícito denunciado”.
Así, la investigación por lo ocurrido el pasado 17 de febrero seguirá su curso. Como se recordará, esa jornada fueron denunciados por los jefes policiales del distrito las y los uniformados identificados en el expediente como Aldana Nahir Budkin, Francisco Ezequiel Días, Abel Daniel Duarte, Esteban Andrés Estrella, Gabriela Noelia Fuentes, Cesar Emmanuel Gamarra, Jonathan Matías Herrera, Jonathan Ezequiel Moreno, Walter Hernán Nicolau, Eliana Edith Nonis, Javier Alberto Tolaba y Joel Javier Zelaza.
Fue por una manifestación bajo el formato de sirenazo que realizaron en la estación de servicio Shell, ubicada en colectora de Acceso Oeste y Del Prado, luego difundida por redes sociales. Inicialmente el expediente se caratuló como incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública, lo que quedó desestimado por Tavolaro.
Sin embargo, ahora la causa se reabre a la espera de la mirada de la fuerza sobre la conducta de los policías. Para el fiscal interviniente no participaron en la comisión de delito alguno porque “no abandonaron el distrito” y tampoco se constató que “dejaron de responder a ningún evento que hubiere requerido su intervención debida”. Es decir, en esos cinco minutos de manifestación no ingresó ningún llamado al 911 que requiriera sus intervenciones.
