Un noviazgo violento que dejó secuelas en una joven vecina de Hurlingham terminó con la intervención del Juzgado de Paz de Ituzaingó, que ordenó una medida de cese de hostigamiento al imputado -con el que la víctima mantuvo una relación de pareja de un año y medio- y le impuso una multa de 800 mil pesos diarios en caso de incumplir la restricción.
Así lo determinó el juez Carlos Miceli, quien además ordenó una restricción perimetral de acercamiento de 500 metros a la redonda del imputado para con la denunciante por el término de 180 días, y borrar de todos sus dispositivos tecnológicos las claves que le permitan acceder a las cuentas de redes sociales de ella. Por consiguiente, abstenerse de “la realización de todo acto de intimidación y/o perturbación sea de carácter físico, psicológico o emocional” hacia su exnovia.
La vía económica para apuntalar el cumplimiento de la medida es una manera que la justicia encontró para hacerla efectiva. “Es muy difícil para nosotros controlar, en temas de violencia de género o familiar, que las medidas se cumplan a un 100%”, precisó el magistrado en diálogo con Adrián Noriega y Norman Díaz en la emisión semanal del programa periodístico Primer Plano por canal 7 de Flow. Su referencia fue en otro caso, pero de idéntica resolución.
En su exposición realizada en sede judicial, la víctima narró que llegó a tener ataques de pánico por las intimidaciones que padecía de parte de su expareja, que pasaba por su lugar de trabajo y se quedaba un largo rato mirando entre otras cosas. Además, varias veces transitó la cuadra de su casa con insultos y amenazas tales como “gritá que en cualquier momento me va a encontrar”.
Pero lo más complejo del caso fue que la joven no podía ingresar a sus redes sociales por un motivo: su exnovio le hackeaba el email con el que tenía vinculadas sus cuentas. “Yo creo que él es el causante porque puedo ubicar el IP de donde proviene el hackeo y me aparece la dirección de su casa”, refirió la víctima.
Celos enfermizos, hackeo de redes sociales y la orden judicial
No hace falta ser un investigador privado para saberlo: “lo puedo hacer porque cuando alguien entra a mi email o a mis cuentas sociales, me envían un mensaje automático con la ubicación desde donde se realizó la apertura de sesión”. A través de ese ingreso solía hacer publicaciones sin el aval de ella, claro está, por ejemplo, contando la historia de amor que compartieron y preguntando por qué había dejado de estar con él.
Según quedó establecido en el fallo, la chica narró que tuvieron un vínculo de pareja de un año y medio que, luego de 3 meses, comenzó a tener problemas por celos enfermizos de parte de él. No sólo controlaba los movimientos de la víctima sino que, además, opinaba sobre su forma de vestirse y terminó por alejarla de sus amigas. Por eso ella terminó la relación y ahí comenzó su calvario.
“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”, enfatizó el juez Miceli en su resolución, en la que se refirió al caso, de violencia digital bajo las formas de stalked (ciberhostigamiento), que son actos que implican vigilancia y monitoreo de una persona sin consentimiento.
Eso es lo que la justicia pidió finalizar por completo: que el imputado elimine de sus dispositivos cualquier tipo de clave que le permita el acceso a las cuentas de ella (originales o creadas bajo suplantación de identidad) bajo pena de ser sancionado con la multa económica. También que borre de todos sus celulares, computadoras tablets o cualquier otro elemento de almacenamiento videos o fotos de ella, sobre todo de la intimidad.
