La justicia de Morón comenzó a capacitar al personal policial sobre la nueva Ley de Minoridad, que regirá en todo el país desde el próximo 5 de septiembre y que presenta, como principal modificación, el hecho de que los adolescentes serán punibles desde los 14 años.
Hasta el momento las charlas abarcaron a jefes y efectivos de la Estación de Policía de Morón y de Ituzaingó. La primera estuvo a cargo de Gabriel Crudo Iturri y la segunda de Guillermo Rodríguez Rey, ambos responsables de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de ese Departamento Judicial. La semana próxima será el turno para los uniformados de Hurlingham y Merlo.
La disposición estuvo acordada entre autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense y el Ministerio Público Fiscal. Básicamente, según explicaron a Primer Plano Online desde la organización, el objetivo es dotar a la Policía de las nuevas herramientas a considerar a la hora de tomar intervención frente a un delito cometido por adolescentes de 14 y 15 años, que desde la entrada en vigor de la ley pasarán a ser imputables, es decir, deberán responder a la justicia por sus actos.
De todos modos, sabido es que, como toda flamante legislación, habrá que ver cómo se implementa. Una gran duda es qué pasará con los imputados cuando no haya cupo en institutos de alojamiento: no se construyó un solo espacio hasta el momento para tenerlos en situación de encierro. ¿Alcanzarán los cupos vigentes si la población a detener es más amplia? Es una de las inquietudes a resolver.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, que rige desde el 5 de septiembre
En marzo pasado, el Gobierno nacional promulgó la Ley Nº27.801, que contempla la puesta en marcha de un nuevo Régimen Penal Juvenil. Entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, a los 14 años, acompañada por la creación de una nueva escala de penas graduadas.
La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con órganos judiciales y centros de alojamiento diferenciados de los de adultos. Se establece expresamente la prohibición de convivencia entre menores y detenidos mayores.
El régimen incorpora principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la reinserción social. También garantiza el derecho de los adolescentes a ser escuchados, a contar con defensa desde el inicio del proceso y a la participación de sus familias.
En los casos de delitos con penas de hasta 3 años, y de 3 a 10 años sin resultado de muerte o lesiones graves, se prevén sanciones como prisión domiciliaria, tareas comunitarias, reparación económica, restricciones de circulación o prohibición de conducir. Incluso, el artículo 13 contempla la aplicación de amonestaciones, que consisten en un llamado de atención, reproche oral y recomendaciones sobre formas de conducta comunitaria formulado personalmente.
Para delitos graves (como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros), la pena máxima se fija en 15 años de prisión, por debajo del tope anterior de 20 años. La ley contempla además la creación de institutos especializados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y la implementación de programas educativos, laborales y recreativos.
Este esquema asemeja a la Argentina a países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, que tienen fijada en esa edad la punibilidad de quienes delinquen. En naciones como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años.
