La Fiscalía Nº 12 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, dedicada específicamente a investigar la comercialización de drogas en ambos distritos, avanza con medidas tendientes a quitarle estructura financiera a bandas narco que operan en la zona.
Luego del decomiso de 35 kilos de marihuana y un kilo de cocaína incautados en domicilios de la localidad de Cuartel V, de Moreno, y en el barrio La Fraternidad, de General Rodríguez, que terminaron con la detención de cuatro sujetos sindicados como los líderes de la organización delictiva, ahora el próximo paso es aguardar el destino que se le dará a los activos secuestrados que eran parte de la estructura.
En concreto, el fiscal Ezequiel Freydier solicitó al Juzgado de Garantías Nº 1 de ese Departamento Judicial, a cargo de la jueza Adriana Julián, el congelamiento de activos de la banda y que los tres vehículos que usaban para sus operaciones queden en manos del Estado o de alguna institución que les pueda sacar provecho.
Se trata de una VW Amarok; un Chevrolet Meriva; y un Chevrolet Astra, que ahora la justicia debe decidir a qué organismo o entidad de bien público serán destinados para su uso. “Son medidas tendientes al recupero de activos y de bienes conseguidos a partir de la actividad ilícita como el narcomenudeo, narcotráfico o microtráfico”, precisaron fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online.
Congelamiento de cuentas bancarias a organizaciones narco en Moreno
En los allanamientos realizados por personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas también incautaron seis armas de fuego en total: dos revólveres calibre .38; una escopeta calibre .12.70; un pistolón calibre .32; una pistola semiautomática calibre .22; y una pistola Glock, además de 62 municipios de ese tipo de instrumentos de alta letalidad.
También secuestraron más de dos millones de pesos en efectivo, 15 celulares (que están siendo peritados), cuatro balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento y libretas con anotaciones varias también para periciar y tratar de establecer la ruta de la distribución y la venta de los narcóticos. Se trata de una investigación iniciada en octubre del año pasado.
En paralelo al pedido de congelamiento de activos, que incluye también las cuentas bancarias ligadas a la organización delictiva, la justicia solicitó, asimismo, que el Ministerio de Seguridad y ambos Municipios arbitren los medios necesarios para evitar que los inmuebles registrados sean nuevamente ocupados y utilizados para la venta de droga.
Eso se desprende de la Resolución 24/24 dictada por la Fiscalía General de ese Departamento Judicial, a cargo de Lucas Oyhanarte, que brega por un trabajo coordinado con dependencias municipales para certificar si esas propiedades tienen dueño, si están usurpadas, si puede ser ocupadas o usadas para la comunidad o si es más conveniente tirarlas abajo de acuerdo a distintas circunstancias.
