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viernes, octubre 3, 2025
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La justicia archiva la causa: los policías que hicieron el sirenazo de protesta en Ituzaingó no cometieron delito

Quedó desestimada la denuncia presentada por las autoridades policiales del distrito en contra 12 agentes que estacionaron patrulleros en una estación de servicio ubicada en colectora de Acceso Oeste y Del Prado. Más allá de la decisión de la justicia, el trámite administrativo ante la fuerza corre por otro carril: ahora es la propia estructura la que debe determinar qué pasará con ellos.

A casi 8 meses de la protesta policial en formato de sirenazo en una estación de servicio de Ituzaingó, la justicia volvió a fallar por segunda vez de idéntica manera: desde lo que hace a la instrucción penal, no cometieron ningún delito, por lo tanto, desestimó la denuncia y ordenó archivar la causa.

Según la resolución firmada por el fiscal Marcelo Tavolaro, de la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, los policías identificados como Aldana Nahir Budkin, Francisco Ezequiel Días, Abel Daniel Duarte, Esteban Andrés Estrella, Gabriela Noelia Fuentes, Cesar Emmanuel Gamarra, Jonathan Matías Herrera, Jonathan Ezequiel Moreno, Walter Hernán Nicolau, Eliana Edith Nonis, Javier Alberto Tolaba y Joel Javier Zelaza no fueron autores de alguna figura estipulada en el Código Penal.

En ningún momento abandonaron el partido de Ituzaingó y tampoco dejaron de responder a ningún evento que hubiere requerido su intervención debida (omisión de funciones), conforme lo certificó el sistema de emergencias 911”, explicó el funcionario en su decisión.

Es decir, la causa penal en contra del personal pasará al archivo. De todos modos, eso no implica que los uniformados volverán a sus puestos de trabajo, porque las sanciones disciplinarias corresponden a la fuerza. “Quedará entonces para la administración (policial) verificar si con el desplazamiento de los móviles relevado se incurrió en actos de indisciplina, resorte ajeno a la intervención de este Ministerio Público Fiscal”, indicó Tavolaro.

Por qué fueron apartados los policías en Ituzaingó

Como informó Primer Plano Online en varios artículos, el pasado 17 de febrero esos 12 agentes fueron denunciados por la comisión de posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública. Fue a raíz de la difusión en redes sociales de una protesta bajo el formato de sirenazo que realizaron en la estación de servicio Shell ubicada en colectora de Acceso Oeste y Del Prado.

Tavolaro había decidido algo similar en marzo pasado, aunque esa medida quedó sin efecto a raíz de la intervención de la Fiscalía General de Morón, que ordenó que continuará investigando el caso y calificó su fallo como una “resolución al menos prematura” debido a que faltaron elementos de juicio para analizar la conducta de los efectivos implicados. El paso de los meses no modificó la postura inicial del funcionario.

El caso es similar al que ocurrió en Tres de Febrero, en este caso con 14 agentes policiales implicados. La fiscal Gabriela Belén Pino, de la UFI Nº 6 del Departamento Judicial San Martín, dispuso el pasado 12 de mayo archivar la denuncia contra los uniformados que se congregaron con patrulleros en la intersección de Aviador Matienzo y Marconi. “No existen elementos que permitan acreditar materialidad ilícita”, fue el argumento de la funcionaria judicial.

Luego de las tramitaciones de rigor y las sanciones disciplinarias dispuestas por la autoridad policial, ya fueron reincorporados a sus puestos de trabajo Mauro Alejandro Haspert (Comando de Patrullas); Jazmín Marotte (Comando de Patrullas); Jonathan Adrián Fernández (Comando de Patrullas); y Giuliano Nicolás Di Matteo (Policía Local), todos en Tres de Febrero. El resto se van reincorporando de a poco en sus nuevos destinos.

¿Es probable una situación similar en Ituzaingó? Un primer paso indispensable era la resolución de la causa penal. Ahora continúa el recorrido administrativo, en donde quizá puedan recibir el indulto y seguir siendo parte de la Policía, aunque tampoco está descartado que el castigo pueda llegar hasta la exoneración. De todos modos, la impresión es que se avanza en un proceso de pacificación para preservar el material humano. En ambos casos, los uniformados fueron representados por el abogado Rodrigo Tripolone.

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