La historia que narra a continuación Primer Plano Online se desprende de un expediente judicial de larga data, que hoy martes tuvo su corolario: la orden de desalojo de una familia que ocupaba ilegalmente una vivienda de la calle Martín Rodríguez al 1500, en Ituzaingó. Y un protagonista sorprendente, con rango de comisario de la Policía bonaerense.
Todo comenzó con el fallecimiento de la dueña de la casa en cuestión, que fue sospechado por sus propios vecinos. Como suele ocurrir en los barrios, al no verla llamaron al 911, la Policía se presentó en el lugar y la encontró fallecida. Se inició entonces una causa por averiguación de causales de muerte, que fueron en principio naturales, y al no haber herederos entonces el trámite continuó hacia el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, que por ley otorgó la tenencia del lugar al Municipio.
A groso modo, ese fue el recorrido jurídico que tuvo el caso. Pero en el trayecto surgió un elemento disruptivo: cuando las autoridades municipales fueron a tomar posesión del inmueble se encontraron con que estaba intrusado. Y por un funcionario policial: Andrés Germán Artaza, titular en ese entonces de la comisaría 4ª de San Alberto, en Ituzaingó., actualmente destinado a la localidad de Mariano Acosta, en Merlo. Junto a él otras dos mujeres: Analía Victoria Ransone (27) y Elena Carola Díaz (46), su madre.
Siempre según la investigación que lleva adelante el fiscal Marcelo Tavolaro, de la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, esas personas, con el comisario al mando, actuaron “de manera organizada, ocuparon el inmueble sito en la calle Manuel Rodríguez al 1500 cuya legítima posesión se encontraba entonces en cabeza del Municipio de Ituzaingó”. Desde entonces la orden de desalojo circuló como la única salida.
El tema es que la situación se agravó primero con la resistencia tanto del comisario como de las otras mujeres de abandonar el lugar y luego con un elemento aún más complejo: presentaron un boleto de compra de la propiedad que luego se constató era apócrifo. El expediente judicial avanzó y la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón confirmó la decisión del juez de Garantías Nº 4, Marcelo Manso, para que los intrusos dejen la finca.
Para tomar esa determinación, el magistrado tomó como referencia que “el ingreso de los ocupantes se produjo de manera sospechosa” y que “el peritaje realizado sobre el boleto compraventa aportado se advirtió que resultó apócrifo”. Agotadas las instancias, llegó la orden de desalojo, que se concretó finalmente hoy. Por lo pronto, además de haber dejado el inmueble, el comisario Artaza, Analía Ransone y Estela Díaz enfrentan cargos en la justicia como coautores de los delitos de usurpación y la falsificación de documento público.
