Le llamaban campaña del miedo pero, en rigor, no era otra cosa que una descripción anticipada de la realidad. El pasaje para viajar en colectivos urbanos en el área metropolitana costaba $53 en diciembre pasado, y actualmente $372; viajan en tren salía $28 y ahora $280; y el subte pasó de $110 a $780. Todo para un servicio similar o incluso peor al que se brindaba en aquella época.
“Suben tarifas pero no mejoran los servicios. Y lo que representaba para un trabajador una cifra mínima hoy supera los 50 mil pesos solamente de traslado para salir de un barrio, llegar a la estación y dirigirse a Flores, por ejemplo, a una obra en construcción. Encima los salarios no tuvieron una recuperación en torno a la inflación”, sentenció el concejal del Frente Renovador de Merlo Eduardo Díaz, conocedor de la problemática del transporte por su experiencia como gerente de Fiscalización de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) durante la administración anterior.
“El Gobierno busca grandes títulos que no hacen a la mejora de la calidad de las prestaciones. La gente, sobre todo en el AMBA, no puede elegir cómo viajar, sino que tiene que tratar de llegar a destino. Y está claro que no se convalida esta política: el transporte de pasajeros bajó un 24%: una de cada cuatro personas dejó de viajar”, enfatizó el edil.
“El ajuste lo está pegando la gente, no la casta. En Merlo tenemos un distrito de economía de servicios y si no hay consumo la crisis pega el doble”
En su interpretación, en ese índice hay usuarios que ya no usan colectivos y trenes porque o perdieron el trabajo, o dejaron de estudiar o ya no les dan los números y subsisten de otro modo. Es decir, o caminan o toman la bicicleta para reemplazar al menos uno de los transportes. “Les pasa como a los jubilados, que están eligiendo qué medicación tomar”, reflexionó Díaz.
Esta semana se viralizaron imágenes de gente descendiendo antes de las estaciones de los trenes diésel, sobre todo en Merlo, para caminar sobre las vías y evitar los controles. Ahora se reforzó con mayor presencia policial, pero no por eso la situación social mermó. “También es un peligro la gente que salta los molinetes, porque no queda registro en ningún lado”, completó el concejal.
Eliminación de la licencia para transportistas: “es un atentado a la seguridad vial”
Eduardo Díaz calificó como “un atentado contra la seguridad vial” la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), que mediante el decreto 832/24 determinó el Gobierno de Javier Milei. Se trata de un requisito clave en el sector de cargas en Argentina, ya que incluye la capacitación teórico-práctica de conductores y la realización de un examen psicofísico obligatorio. Dentro de 60 días dejará de serlo.
Al respecto, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) expresó su rechazo a la medida porque no sólo no reduce los costos operativos, como sostiene el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sino que incrementa los riesgos en las rutas del país al flexibilizar los requisitos de capacitación y exámenes psicofísicos para los choferes de camiones.
“No cualquier persona puede manejar un camión o un micro, tiene que tener una capacitación especial. Además, esa licencia es apenas el 0,3% del salario del chofer, un costo ínfimo para las empresas, así que tampoco reduce costos. En nombre de una supuesta austeridad se está poniendo en riesgo a la población”, sentenció Díaz.
Una consecuencia directa de las empresas es que los seguros, a partir de que crecerá la posibilidad de que haya siniestros viales, incrementarán sus valores, con lo cual lo mínimo que se ahorra por un lado se gastará por el otro. Vaya a saber quién se verá beneficiado con una medida así. “Y crecerá el transporte trucho. Es una locura lo que están haciendo, se precarizan los controles”, concluyó el edil merlense.
