El 8 de agosto de 2019, el Ministerio de Seguridad bonaerense difundió la noticia titulada “Cayó banda narco del Patrón de Moreno: autos de alta gama, drogas, armas, un fanatismo por Pablo Escobar y DNI truchos para cobrar planes sociales”.
Esa gacetilla fue enviada a la prensa tres días antes de las elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas (PASO) del 11 de agosto de aquel año desde la estructura conducida por el ahora diputado nacional Cristian Ritondo había declaraciones de quien se desempeñaba como viceministro de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, quien había participado de esos allanamientos.
“La lucha contra el narcotráfico es uno de los pilares de esta gestión, porque sabemos que estas organizaciones profesan la violencia y les quitan la tranquilidad a todos los bonaerenses. La pelea es a fondo y sin tregua porque queremos cambiar la provincia”, afirmó el funcionario. Esos dichos quedaron registrados ante las cámaras de varios medios de comunicación, convocados para la cobertura del “espectacular” procedimiento. Entre otros canales de TN.
Dos años después de aquella noticia, la causa se cayó a pedazos. Es que el juez federal de San Martín Héctor Sagretti adelantó veredicto absolutorio en favor de Silvio Gastón Canteros, el joven que permaneció dos años preso por el hecho acusado de ser un jefe narco a gran escala. En base a los alegatos del fiscal del juicio Marcelo García Berro y del defensor oficial Alejandro Arguilea, quedó claro que la Policía de la gestión de María Eugenia Vidal fraguó pruebas contra el imputado, que quedó libre de culpa y cargo.
“No había ningún elemento en la causa que vincule a Canteros con la comercialización de estupefacientes a gran escala”, explicó a Primer Plano Online Rodrigo Pomares, coordinador área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que participó de las audiencias en condición de veedor.
Durante el debate, el primero en declarar fue el propio Canteros, quien con sus palabras “rompió cada una de las imputaciones en su contra” y develó la trama de ficcionalización a la que fue expuesta el caso. “Los propios policías le dieron a entender que no pasaba nada, que se terminaba el allanamiento porque no habían encontrado nada hasta que en un momento le dijeron que estaba hasta las manos”, recordó Pomares.
En el juicio quedó demostrado que la instrucción de la causa, la orden de allanamiento y el operativo desarrollado estuvieron plagados de irregularidades, que los funcionarios policiales se contradijeron en sus declaraciones y que el video enviado a los medios periodísticos estaba editado con imágenes que no correspondían al allanamiento.
Fuentes del tribunal informaron a Primer Plano Online que lo que existe hasta el momento es un adelanto de veredicto, y que la sentencia definitiva en torno al expediente se conocerá la semana próxima. Allí se sabrá si el juez Sagretti ordena investigar a los policías que participaron de la farsa. “En el menor de los casos, la Policía engañó al sistema de justicia para obtener un allanamiento. Después habrá que ver la actitud del juez que lo autorizó (Néstor Barral) y del fiscal interviniente (que fue Sebastián Basso)”, precisó Pomares. Todo eso se conocerá con la resolución.
Según detalló la agencia Andar, perteneciente a la CPM, para justificar el pedido de absolución de Canteros, el fiscal de juicio sostuvo, por un lado, que el allanamiento debía considerarse parcialmente nulo –por lo tanto, ilegal– porque no había elementos suficientes en la investigación judicial para fundar la orden para allanar el domicilio del imputado.
Asimismo, en ese sitio se informó que la investigación policial estuvo conducida por el subcomisario de la Superintendencia de seguridad región AMBA Oeste, Matías López Luján, quien según su declaración obtuvo los datos para avanzar en la causa a partir de comentarios de vecinos (que no aparecen en el expediente), mediante los cuales conoció los nombres de “dos personas que lideraban una banda de narcotráfico que operaba en la zona y los números de teléfonos de dos financistas que, a través de la compra-venta de divisa extranjera, blanqueaban la plata obtenida”.
A partir de ese dato, en mayo de 2019 se inició la instrucción judicial a cargo del titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón Sebastián Basso y bajo la conducción de la Secretaría N° 9 –integrada por Santiago Moore y María Cristina Sioli– del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, que por entonces estaba a cargo del hoy camarista federal Néstor Barral.
Con la autorización judicial, se interceptaron las comunicaciones de los dos teléfonos y se realizaron tareas de inteligencia criminal en varios domicilios donde se observaron, de acuerdo al relato policial, movimientos de pasa manos que darían cuenta de la operativa de comercialización. Sin embargo, no hay ningún registro de esas actividades, ni fílmico ni fotográfico, tampoco testigos en la causa que puedan corroborar el relato policial.
Luego de tres meses de instrucción se realizaron 15 allanamientos en simultáneo. Pero un dato: Canteros no aparecía mencionado en las escuchas telefónicas ni había ninguna prueba en su contra más allá de la declaración de los policías que lo vincularan a una supuesta red de narcotráfico. De esos procedimientos, cuatro fueron en la casa de los padres del supuesto ‘Patrón del Mal’, una oficina que utilizaba como lugar de trabajo, un lavadero de autos y la casa quinta, que fue escenario de la puesta mediática del operativo.
Otro elemento ventilado en el juicio es que uno de los policías dijo que la droga supuestamente encontrada en la vivienda la halló un perro especializado debajo de la mesa de la cocina, mientras otro sostuvo que fue él quien la encontró detrás de una pared de madera. Además, en la casa no se encontraron otros elementos, como balanzas o sumas importantes de dinero que dieran a entender la comercialización de estupefacientes a gran escala, y todas las armas secuestradas en el domicilio eran de juguete.
“Él tenía ploteado en la camioneta la leyenda ‘El Patrón’ (como se observa en la foto de portada) porque le gustaba la serie de Pablo Escobar, que en ese momento era furor. Pero está de más decir que eso no es ni prueba ni siquiera un indicio de nada”, precisó Pomares. El joven pasó dos años preso y económicamente “está arruinado”. Tenía un comercio del rubro informático y lo tuvo que cerrar por este caso, en el que inicialmente hasta su mujer fue involucrada. “Estamos a la espera de la sentencia y nos vamos a involucrar en la investigación posterior”, completó el miembro de la CPM.
