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viernes, julio 19, 2024
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Juicio por la explosión de la escuela 49 de Moreno: pidieron cinco años de prisión para el gasista

La imputación que pesa sobre Cristian Ricobene, quien enfrenta cargos por el delito de homicidio culposo agravado. La fiscal Valeria Chapuis solicitó al tribunal que, en caso de ser hallado culpable, sea detenido de inmediato. También hubo pedido de condena para el interventor del Consejo Escolar de entonces.

La fiscal Valeria Chapuis pidió que el gasista Cristian Ricobene sea condenado a la pena de cinco años de prisión por el delito de homicidio culposo agravado en su alegato durante el juicio por la explosión en la Escuela Nº 49 de Moreno ocurrida el 2 de agosto de 2018, siniestro en el cual murieron la vicedirectora del establecimiento, Sandra Calamano, y el auxiliar Rubén Rodríguez.

La funcionaria judicial realizó un repaso sobre lo que sucedió días previos a la tragedia, en donde revisó la estufa de tiro balanceado tras el llamado de la mujer fallecida, y particularmente lo que pasó en esa jornada, que fue el corolario de un cúmulo de cosas que se hicieron mal. “La trágica explosión se produjo por el actuar imprudente, negligente y con falta total de pericia” de Ricobene, afirmó la fiscal.

En su larga exposición, Chapuis recordó que “se pudo probar (en el juicio) que el 1 de agosto Ricobene se presentó en la escuela, recorrió las instalaciones con Sandra Calamano y particularmente la sala de donde provenía la pérdida de gas por la que lo llamaron”.

“Revisó una estufa de tiro balanceado y lo único que hizo, en forma indolente, fue cerrar la llave de gas. Le dio indicaciones de que cerrara la puerta para el otro día ir y corroborar la pérdida. Sin embargo, con una total falta de pericia, no verificó que la pérdida de gas provenía de otro lugar”, le espetó la fiscal.

Juicio por la explosión en la escuela de Moreno

Además, cuestionó que tenía suspendida su matrícula desde 2015, que además era categoría 3, que no lo habilitaba para realizar reparaciones e instalaciones en establecimientos educativos, sino que únicamente le permitía hacer instalaciones domésticas (categoría 2).

Su matrícula la puso al día dos o tres días después de la explosión”, precisó. Por ese motivo solicitó, además del monto de prisión, la inhabilitación especial de diez años para ejercer como gasista y que su detención sea “inmediata” en caso de ser hallado culpable.

Desistió, asimismo, de acusarlo por defraudación al Estado justamente con el argumento anterior: siempre informó cuál era su categoría, tal como consta en el legajo, y en tal caso el error fue contratarlo por parte de los funcionarios públicos que lo hicieron.

Por eso la fiscal Chapuis también solicitó condenas para el interventor del Consejo Escolar de Moreno de aquel entonces, Sebastián Nasif, la pena de dos años de prisión de ejecución condicional (es decir, no irá preso) y cuatro años de prohibición para ejercer cargos públicos. Idéntico monto de pena para la expresidenta del Consejo Escolar de Moreno, Mónica Berzoni; y para quien era consejero escolar en ese entonces, Jorge Galian, que estaba a cargo del área de infraestructura, en los tres casos por el delito de incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.

LA VOZ GREMIAL

María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA, destacó que “el banquillo de los acusados debe ampliarse con los responsables directos y políticos”, y apuntó a la exgobernadora María Eugenia Vidal; a quien fuera su director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny; y el responsable de los Consejos Escolares de la Provincia, Marcelo Di Mario.

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