Juicio por el ataque en el interior del boliche Roca Bruja, de Hurlingham, en el que Santiago Martínez le rompió una copa de vidrio en la cara a Nicolás García y le provocó lesiones graves: se conocieron los pedidos de pena de las partes en la jornada de alegatos y ahora sólo resta conocer el fallo del tribunal.
Como es costumbre, Primer Plano Online brindó cobertura exclusiva a cada detalle de lo que se debatió ante los jueces Federico Topino, Diego Bonanno y Mariela Moralejo Rivera, del Tribunal Oral Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Morón. El hecho sucedió el 12 de noviembre de 2022 en el local de esparcimiento nocturno ubicado en colectora Norte de Acceso Oeste, entre Charrúas y Franklin del mencionado distrito.
Son dos los delitos por los que llegó imputado ‘Chanchi’ Martínez al juicio. El primero fue esa misma jornada y también en el boliche cuando le apagó un cigarrillo en el brazo a Mercedes Paoltroni, otra joven que formaba parte del de García. El segundo, la copa de vidrio que le reventó en el rostro a la víctima, que recibió más de 300 puntos de sutura, incluso dentro del globo ocular.
En el inicio de las deliberaciones el fiscal del juicio, Pablo Galarza, describió lo que sucedió aquella jornada como una tentativa de homicidio agravada por haber sido cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que el autor mantuvo una relación de pareja. La chica en cuestión, Mía Pinto, era quien conversaba con Nicolás esa noche y la destinataria indirecta de su ataque. Coincidió en el enfoque con la fiscal que investigó el caso, Valeria Courtade.
Es decir, el agresor incurrió en violencia de género directa con Paoltroni (la chica a la que le apagó el cigarrillo) e indirecta (contra Pinto por el ataque a Nicolás con intenciones de lastimar a su exnovia). La acusación y los testigos que se expresaron a lo largo del debate le dieron forma a los pedidos de pena realizados por las partes.
Qué montos de condena solicitaron las partes en litigio
El primero de los alegatos que se escuchó ante el tribunal fue el del fiscal Galarza. El funcionario sostuvo ambas imputaciones pero cambió la calificación del hecho más grave (el que sufrió García, la rotura de la copa en la cara). En rigor, lo que no pudo probarse, según su mirada, es el dolo homicida, es decir, su intención de matar.
Por eso la imputación que sostuvo fue la de lesiones graves agravadas por violencia de género indirecta: según su entender, lo que hizo ‘Chanchi’ Martínez fue causar sufrimiento a una mujer a partir del daño que le provocó a un tercero. Y, en el caso de Paoltroni, la acusación la sostuvo: lesiones leves agravadas por violencia de género.
En su pedido ante el tribunal, Galarza solicitó la pena de seis años de prisión por ambos hechos y la detención inmediata de Martínez. Además, consideró como otro agravante la extensión del daño causado al muchacho al que atacó, que perdió gran parte de la visión de su ojo izquierdo.
En el caso del abogado Gastón Marano, que representa a la familia de Nicolás García como particular damnificado, su pedido de pena fue de 12 años de prisión para el acusado. En interpretación de ese letrado quedó probado que el agresor intentó matar a la víctima al atacarlo por la espalda y con un objeto que se puede convertir en mortal. Y su acusación y alegato fue estrictamente por el hecho que sufrió su cliente: él no representa a la joven quemada con el cigarrillo.
Por último, también se expresó el defensor de Martínez, Fernando Arias Caamaño, quien insistió con que su cliente actuó bajo “emoción violenta”, lo que implicaría una considerable reducción de la pena. Y, ya que no está en discusión la autoría del hecho, si el tribunal lo encuentra culpable, que lo condene pero al mínimo que establece la ley por el delito de lesiones graves simples y sin considerar la cuestión de género. En ese caso la escala penal arranca en un año de prisión, que puede incluso ser en suspenso.
En los próximos días se conocerá la sentencia de un caso jurídicamente apasionante, en el que las audiencias tuvieron un condimento álgido. De hecho, el tribunal ordenó el desalojo de los familiares de la sala: una medida extrema adoptada a partir de las interrupciones y los diversos incidentes que se produjeron a lo largo de todo el debate.
