Una organización delictiva integrada por ciudadanos peruanos y colombianos, de la que eran parte al menos dos mujeres que oficiaban de “campana”, es decir, de marcar viviendas en barrios de Castelar en donde no había movimiento, fue desbaratada por la justicia luego de una investigación que llevó varias semanas. Todos tienen antecedentes en el país por diversos delitos.
A raíz de los trabajos de inteligencia realizados en base al relato de testigos, Piero González Salazar (24, peruano); Franco Alexander Vázquez (22, peruano); Natalia Muñetón Giménez (21, nacida en Colombia); Nuri Liliana Bautista León (23, colombiana); Marco Pierre García Osoria (24, peruano); Freddy Andrés Escudero Segura (46, colombiano); y Cristian Paul Santana Alanya (25, también peruano), todos domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibieron la prisión preventiva acusados de los delitos de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa (dos hechos), encubrimiento agravado por el uso de ánimo de lucro y asociación ilícita.
El primero de los hechos que le atribuyen los investigadores a la banda ocurrió el pasado 19 de febrero, y fue el intento de robar una vivienda sobre la calle Islas Malvinas al 2900, de Castelar Norte, alentados por una de las mujeres que oficiaba de “campana” en el lugar y les avisó al resto de los malvivientes que la vivienda estaba vacía. Se trata de mujeres “muy vistosas, llamativas y vestidas de manera muy provocativa, que no era fácil que pasen desapercibidas en el barrio”, definió un investigador a Primer Plano On Line. Los ladrones, dos varones y otra mujer, se movían en un vehículo Chevrolet Cobalt de color gris.
Ese mismo día, los delincuentes se presentaron en otra finca, ubicada en Álvarez Jonte al 1400, en esa misma localidad, pero en un auto diferente al anterior. En este caso se movilizaban Renault Megane Scenic color gris con vidrios polarizados, mientras que otra de las mujeres de la organización también cumplía el rol de campana. Luego de forzar las puertas con herramientas y barretas ingresaron al domicilio pero tampoco pudieron llevarse nada. Ese vehículo en que se trasladaban, había sido robado en Avellaneda en 2016.
El relato de los testigos de ambos episodios fue clave para la intervención judicial y policial. Incluso, la propietaria de una de las fincas llegaba a su casa cuando los malvivientes estaban ya dentro, y los vecinos de ambas propiedades fueron clave para abortar ambos intentos. Incluso el relato de un comisario que salió corriendo a interceptar a una de las mujeres que “marcaba” las viviendas y, luego de pedirle la documentación, la acusó de haber estado con los miembros de la banda, cosa que ella desmintió y se excusó de que estaba en el lugar esperando a su novio. Esa joven estuvo detenida unas pocas horas pero dejada en libertad porque no se le encontró nada en el momento. Sin embargo, se volvió a conectar con la banda y volvió a ser arrestada con el resto de los integrantes en la zona de Castelar 24 horas después.
Luego de las detenciones de los integrantes de la estructura delictiva, llegó el tiempo de probar el vínculo entre ellos. Para eso, la justicia logró secuestrar varios teléfonos celulares y analizar las comunicaciones entre ellos. De los equipos analizados, hubo cuatro a los que pudieron acceder pero a uno de ellos, el del líder de la organización, fue imposible por el sistema de seguridad que tenía instalado. De todos modos, los mensajes y las llamadas conducían al cabecilla. Varios de ellos los presenta Primer Plano On Line en este artículo exclusivo.
Lo más complejo para desentrañar lo que tramaban los malvivientes estaba dado en el léxico utilizado para conversar entre ellos, con giros idiomáticos propios de los países de origen de los detenidos para referirse a sus actividades ilícitas. En el entrecruce de audios vía WhatsApp quedó claro cómo organizaban con horarios e integrantes para encontrarse en un punto común, generalmente en plazas. En el caso de las casas asaltadas en Castelar el ámbito elegido era la Plaza de los Españoles.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Nº 7 de Morón, cuyo responsable es el fiscal Matías Rappazzo, y del juez de Garantías Nº 5, Jorge Rodríguez.
