El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) reclamó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que suspenda de manera “inmediata” el cobro de peajes sobre la traza de la Ruta 6, el anillo de circulación de 140 kilómetros de extensión que atraviesa un total de 11 Municipios.
Para circular por esa autovía de doble mano que va desde la ruta 215 (en La Plata) hasta la entrada al puerto del complejo Zárate-Campana, un vehículo debe abonar entre $ 1.287 y $ 1.608 (en hora pico, o sea de 7 a 10 y de 17 a 20). Los valores fueron fijados por la concesionaria Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), una empresa estatal que administra la Gobernación.
Para los camiones de carga, que suelen transitar esa vía para trasladar mercaderías, los costos son de entre $ 5.500 y $ 11.491 según el horario, el peso y el número de ejes. Esos rodados de gran porte deben contar con Telepase autorizado porque no hay percepción manual: el sistema funciona con la modalidad sin barreras (o free flow) multicarril.
La presentación ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos fue efectuada por Jorge Zatloukal, director ejecutivo del CONADUV, con el patrocinio de la abogada Julieta Ripoli, responsable legal de la entidad. Allí solicitan la “inmediata abstención del cobro de peaje” en los pórticos instalados en San Vicente, Las Heras y Cardales.
“De los dos lados del mostrador”
Lo que sostiene el CONADUV es que no se puso en funcionamiento un Ente Regulador independiente, como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional, y que el Estado provincial “está de los dos lados del mostrador: concede la explotación vial, aprueba las tarifas y debe fiscalizar el servicio”. Es que la empresa AUBASA es administrada por la Provincia y “es la que percibe los peajes y se beneficia de los incrementos”.
El planteo denuncia, asimismo, que los aumentos “no cuentan con una justificación suficiente y verificable sobre costos reales, obras, mantenimiento y calidad del servicio”. También se reclama “conocer los aportes presupuestarios y comprobar que el peaje no vuelva a financiar gastos ya cubiertos con recursos públicos”.
Ricardo Lasca, integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y coordinador del CONADUV cuestionó, asimismo, el momento en el cual se decidió la implementación del cobro. “La situación económica es sumamente grave, y más estando frente a una triple imposición tributaria. Además, no hay caminos alternativos libres de pago, lo cual hace que el peaje sea claramente inconstitucional”, enfatizó.
Quien respondió a las quejas fue el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis. Durante una conferencia de prensa, el funcionario indicó que la decisión del cobro de peajes fue adoptada hace una década, durante la Gobernación de María Eugenia Vidal, pero aclaró que fueron las obras ejecutadas por la administración Kicillof las que permitieron poner la autovía en condiciones para avanzar con la percepción.
Además, afirmó que el dinero recaudado permitirá “sostener el mantenimiento” y “mejorar la seguridad vial” del corredor.
