La titular del Juzgado de Garantías Nº 6 de Morón, Lucía Emilce Casabayó, fue suspendida en su cargo ante una serie de denuncias que recibió en su contra por acoso y violencia laboral contra empleados y funcionarios judiciales a su cargo.
La resolución de suspender a la magistrada fue dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios presidido por el juez Eduardo Néstor de Lázzari, titular de la Suprema Corte bonaerense, e integrado también por los conjueces Martín Rivas y Carlos Enrique Mamberti, además de los legisladores Mauricio Andrés Vivani, María Elena Torresi, Guillermo Ricardo Castello y Jorge Alberto.
Según pudo saber Primer Plano Online, realizadas y puestas en evaluación todas las actuaciones del caso, el jury concluyó que los hechos descriptos en la denuncia configuran por parte de la jueza Casabayó “un atropello, menoscabo y avasallamiento de elementales derechos humanos que integran la dignidad, la integridad física, sexual, psicológica y social de los empleados y funcionarios judiciales a su cargo”.
En base a los testimonios recopilados en el expediente, el jurado consideró que la magistrada, valiéndose de su función, “de manera continua y sistemática incurrió en acoso y maltrato laboral, despreció a las personas y su trabajo, involucrándose en sus vidas privada, descalificándolos, excediéndose en el rol que la sociedad y las leyes le impone”. Así puede leerse en la resolución del caso, a la que tuvo acceso este medio.
“TORTILLERAS”
En base al relato de las y los denunciantes, el “desprecio” de la jueza hacia sus colaboradores se percibía en insultos y comentarios “en clave ridiculizante”, que fueron dirigidos a integrantes de esa dependencia a quienes se refería como “tortilleras” u “homosexual”, en algunos casos, o criticando la capacidad de trabajo con amenaza de sumarios administrativas a otros empleados que solicitaron licencia por maternidad o festividades religiosas, entre otras denuncias.
Por unanimidad de los miembros presentes es que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios declaró la verosimilitud de los cargos imputados, reconociendo las acusaciones formuladas contra la jueza Casabayó, por lo que resolvió su suspensión.
El plazo de la decisión implica que a la magistrada le embargarán el 40 por ciento de su salario, y queda todo encaminado para el debate oral en el cual se definirá si continúa como jueza o es destituida en el cargo. Según pudo saber este medio, Casabayo se despidió del personal a lo largo de la semana y retiró sus pertenencias a partir de haber sido notificada del fallo.
