Desde la sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas en 2008, el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación ha rescatado y asistido a 11.169 víctimas, el 54% de explotación laboral y el 46% de explotación sexual. Una de cada diez víctimas son niños, niñas y adolescentes.
La estadística tiene un dato insoslayable: desde el 2008 al 2015 la asistencia se fue incrementando anualmente (pasó de 169 víctimas a 2110), pero en 2016 el número cayó abruptamente a 666. Para los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) lo que ocurrió es que bajaron las inspecciones en el área laboral, puntualmente en las zonas rurales. De todas maneras, la cantidad de denuncias recibidas en la línea de ayuda 145 no para de crecer: 600 llamadas en 2012 y 3.256 en 2016.
“Los rescates cayeron básicamente por la desaparición y la disolución del Renatea y la falta de fiscalizaciones constantes y programadas en trata laboral en campos”, expresó el fiscal federal Marcelo Colombo, al frente de la PROTEX. Su par, Alejandra Mángano, opina igual: “Hay menos inspecciones en campos porque no está más el Renatea, y esos eran rescates muy numerosos. A nosotros nos entraban un montón de denuncias y ya no”.
El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) había sido creado en el 2012, y una de sus tareas era fiscalizar el empleo en el sector rural. A fines de 2015, la Corte Suprema confirmó un fallo que declaraba inconstitucional la creación del Renatea. Y el gobierno actual restableció el viejo Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), cuya dirección y administración está a cargo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y varias entidades empresarias de la actividad, como Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Rosario Sánchez, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la provincia de Buenos Aires, describió que en el último año se rescataron 631 personas (465 víctimas de explotación laboral, y 118 de explotación sexual, entre otras), en 54 allanamientos.
Si bien todavía hay prostíbulos por todo el país -aunque están prohibidos-, el delito de explotación sexual sigue firme bajo otras formas mucho más difíciles de detectar y de llevar a la Justicia: “El delito está mutando. Se da en departamentos privados y en la calle, enmascarado bajo una supuesta autonomía de trabajo sexual de las mujeres que no es más que un discurso aleccionado”, explica Zaida Gatti, al frente del Programa Nacional de Rescate.
EL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, estuvo en Ituzaingó para presentar la puesta en funciones del área de prevención del delito de trata de personas en el distrito, una propuesta promovida desde el Consejo de las Mujeres por la Igualdad de Género, a cargo de Marta Pérez.
La mamá de Marita Verón, quien fuera secuestrada el día 3 de abril de 2002 y se encuentra desaparecida hasta hoy, enfatizó que “como madre me siento muy contenta de tener aliados en esta lucha, son muy pocas las personas que se comprometen con el tema de la trata”. Y subrayó que “no son tiempos fáciles para la lucha”, dando lugar a los números que se reflejan en el informe detallado más arriba.
En Morón, asimismo, la Policía Federal allanó por orden judicial dos hoteles en las cercanías de la estación de trenes y logró liberar a seis mujeres sometidas a la explotación sexual, tanto mayores como menores de edad. Durante los procedimientos en el Hotel Florencia, ubicado en Sarmiento 430, y en el Hotel Morón S.R.L, de Sarmiento 540, las autoridades detuvieron a los encargados de esos establecimientos, acusados por fomentar la prostitución.
CREARON UN SISTEMA FEDERAL
El Ministerio de Seguridad aprobó la creación del Sistema Federal de Información Criminal del Delito de Trata de Personas, una base en la que se podrán cargar datos de todo el país acerca de investigaciones, imputados, víctimas, provincias de acogida o traslado y posibles empresas vinculadas.
“Hemos trabajado en conjunto para contar con un sistema eficaz que nos permita articular la información y poder luchar contra la trata en todo el país, a través de las fuerzas federales y las policías provinciales. La trata de personas requiere de un abordaje integral, tanto para prevenir como para proteger a las víctimas y garantizar su integridad”, explicó la ministra Patricia Bullrich.
La cartera ya cuenta con el Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SisTrata), que consolida la información que proveen las cuatro fuerzas federales, pero ahora se tomó la decisión de ampliar sus facultades y brindar una mirada federal a la problemática. La base de datos será administrada por la Dirección Nacional de Investigaciones, bajo la órbita de la Subsecretaria de Investigación del Delito Organizado y Complejo de la Secretaría de Seguridad.
