En Merlo, sobre seis dependencias policiales con capacidad para alojar a 67 detenidos, son 178 las personas privadas de su libertad. En Ituzaingó, son 62 los presos en lugares donde hay capacidad para 19 solamente. En Hurlingham, sobre un máximo de 35, hay 69. En Morón, en cuatro comisarías (las otras tres tienen calabozos clausurados) el cupo total es para 37 personas, pero son 116 los arrestados.
Esos datos se desprenden de un informe exclusivo con datos recolectados, al día de hoy, por Primer Plano Online. Y lo más delicado: en el resto de la provincia de Buenos Aires, la situación está igual o incluso peor. Hacinamiento, falta de condiciones mínimas para alojar detenidos, riesgo de fuga y la posibilidad concreta de que eso se convierta en un foco de propagación de enfermedades no únicamente para los presos sino también para el personal policial son algunos de los peligros emergentes de un panorama verdaderamente desolador.
En ese contexto, el programa periodístico Primer Plano entrevistó al juez penal Pedro Rodríguez, integrante del Tribunal Oral Criminal 4 del Departamento Judicial Morón. En noviembre pasado, Primer Plano Online había presentado un informe sobre la situación de las comisarías de los cuatro Municipios que conforman esa estructura judicial y, en relación a aquel momento, la realidad “empeoró”.
“Hace poco se clausuró (la zona de calabozos de la seccional de) Castelar Norte, que no estaba en condiciones y era de alto riesgo, porque no funcionaba nada adecuadamente. Las reparaciones que requieren muchos de estos calabozos no son muy costosos: o el baño tiene problemas de cloacas, o hay problemas con la conexión de gas, y hasta a veces faltan colchones y demás. En algunas ocasiones, me consta, se han hecho esos trabajos con aporte de los intendentes”, indicó Rodríguez, quien también se desempeña como secretario de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.
En rigor, una aclaración: la seccional de Castelar Norte hace años que tiene clausurados sus calabozos. Morón sólo aloja detenidos en la comisaría 1ª (centro), en la 2ª (Haedo), en la 5ª (Villa Sarmiento, sólo personal de la fuerza) y en la 6ª (de El Palomar).
El magistrado aportó también una mirada humanística sobre el fenómeno que no necesariamente atrae la atención comunitaria, sobre todo frente al incremento del delito. “En esta época, nadie puede decir que, por estar circulando por la calle sin contar con autorización uno no pueda terminar en una comisaría. Nadie puede asegurar que no tenga un accidente de tránsito y ser trasladado a una dependencia. ¿Y dónde nos van a alojar a nosotros o a nuestros hijos en el caso de que ocurra algo así?”, se preguntó Rodríguez.
