“Que se pudran en la cárcel”, se escucha decir casi con habitualidad en tiempos donde la inseguridad es algo cotidiano. Pues bien: en la provincia de Buenos Aires eso es, literalmente, una realidad. Se trata de un fenómeno sobre el que poca gente pone la mirada, casi exclusivamente operadores del sistema o familiares de personas privadas de su libertad. Pero sobre lo que Primer Plano Online se propuso informar en detalle con un enfoque local, para entender qué pasa del otro lado de las rejas.
En la mayoría de las dependencias policiales del Departamento Judicial Morón, que abarca los municipios de Hurlingham, Ituzaingó, Morón y Merlo, las condiciones de habitabilidad “son apenas mínimas”. La superpoblación y las severas deficiencias de infraestructura y mobiliario, traducida en carencia de colchones ignífugos, exceso de humedad y filtraciones en paredes, precariedad de instalaciones eléctricas y escasa ventilación e iluminación, convierten al sistema para alojar presos son absolutamente deficientes.
ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL CAMARISTA ALDO ACOSTA ARGAÑARAZ:
Así se desprende del informe elaborado por el Comité Permanente de Seguimiento de las Personas Detenidas, que preside el presidente de las Cámaras de Apelaciones en lo Penal de Morón, Aldo Acosta Argañaraz. En el escrito también se pone de resalto “el aumento de personas alojadas en comisarías con padecimientos físicos, enfermedades, los peligros de fuga y de motines, lo que representa no sólo un riesgo para los internos sino también para el poco personal policial a cargo”.
Un trabajo exclusivo elaborado por Primer Plano Online indica que, en la actualidad, hay ocho calabozos clausurados en las comisarías operativas del Departamento Judicial Morón. A finales de octubre había un total de 192 detenidos (es un número elevado y que varía según la cantidad de arrestos que hay a diario). El pico máximo de los últimos meses llegó a registrar un total de 223.
Sólo en jurisdicción de la Departamental Morón, el jefe policial, Norberto Chiaradía, tiene 16 comisarías a cargo, de las cuales seis están clausuradas para recibir detenidos y acumula una capacidad para alojar 88 presos. Ese número se duplica en demasía. Encima, la recomendación que el comité elevó a la Suprema Corte de Justicia provincial señala que había que cerrar otras dos por sus condiciones edilicias, en las que se encuentran arrestadas 40 personas. Si eso ocurre habría que acomodarlas entre las que quedan, en las cuales está prohibido alojar.
Es importante remarcar que las personas detenidas en las comisarías deben estar de paso, como máximo un mes, que es el plazo estipulado por la ley para que un fiscal pida al juez de Garantías la prisión preventiva o disponga su liberación. En caso de continuar el proceso penal que enfrenta privado de su libertad debe ser enviado al Servicio Penitenciario. Pero como allí no hay cupos, entonces se genera el cuello de botella. Comisarías colapsadas, en pésimas condiciones, y detenidos sin destino.
“Es una situación circular que pareciera no tener solución. Lo cierto es que a la justicia se le reclama que no actúa como debe hacerlo, pero nosotros no podemos anticipar los hechos, trabajamos sobre cosas consumadas, y hay algunos que son muy graves ante los que no podemos dejar libres a los acusados. No queremos abarrotar el sistema con presos, pero debemos hacerlo porque así lo indica la ley”, expresó el juez Acosta Argañaraz en conversación con Primer Plano Online.
En las comisarías, las falencias más notorias son de tipo edilicio. Es que, aunque parezca insólito, se trata de casas reconvertidas en dependencias policiales, que no fueron construidas como tales. La única que fue edificada como tal es la de Libertad (Merlo 4ª), que en la actualidad aloja 33 personas cuando debería no tener más de 20. La superpoblación es de más de un tercio de su capacidad.
El tema es que parece que nadie se hace cargo, y los únicos que pagan con sanciones son comisarios y jefes distritales y departamentales de la Policía, dado que alojan en dependencias cantidades no permitidas. “Pero lo tenemos qué hacer, nadie se pone en nuestro lugar”, explicó un integrante de la cúpula policial en Morón que prefirió mantener reserva de su identidad.
Hace dos semanas, consultado por Primer Plano Online sobre el tema, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, reflexionó: “los jueces y fiscales saben cuáles son las comisarías que están clausuradas. Y cuando quedan detenidos quedan por orden del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Es un tema que se debe resolver. Ya se lo he pedido a la Suprema Corte y a Casación: no tiene que haber detenidos dentro de comisarías”.
En contraposición, el camarista Acosta Argañaraz señaló que “Policía y Servicio Penitenciario dependen del Poder Ejecutivo”, por lo que entiende que la responsabilidad en esta situación está en ese campo. “Nosotros informamos y es ese poder el que debe disponer de los lugares, no sé si haciendo más cárceles o buscando alguna forma para que haya menos presos en las unidades carcelarias. Es un problema muy serio que estamos atravesando”, concluyó.
UNIDAD PENAL 39 DE ITUZAINGÓ Y CENTRO PARA MUJERES MENORES EN MERLO
Según el informe que el comité le elevó a la Suprema Corte bonaerense, esa unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario tiene un cupo establecido para alojar a 660 detenidos y actualmente aloja a 737. “Su estado de conservación es regular. La dotación del personal penitenciario sigue sufriendo las falencias detectadas desde antaño, extremo que potencia el riesgo a la integridad física de los internos y del propio personal de custodia”, expresaron desde el organismo.
Hay un dato que agrava la situación, y que se detectó a lo largo de 2019: la intermitencia en la provisión de alimentos en cantidad, calidad y variedad acorde a la dieta recomendada para los internos. Eso ha generado distintas presentaciones que se encuentran, en su mayoría, en trámite. Hubo intimaciones libradas a las autoridades administrativas para regularizar el suministro de víveres conforme a los estándares mínimos fijados.
En cuanto al centro cerrado para mujeres menores de edad de Merlo, tiene capacidad para recibir a ocho personas, y actualmente aloja a seis. “El estado varía bimestre a bimestre”, grafican los integrantes del comité. Por caso, al no contar con máquina de cortar el pasto, las internas veían disminuido el tiempo y la posibilidad de esparcimiento y realización de actividad física, cosa que se subsanó en octubre con ayuda del Municipio.
