La Justicia provincial dio un paso decisivo en uno de los casos más estremecedores del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. La Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de la fiscal Alejandra Piqué, elevó a juicio la causa contra Alberto Maximiliano Becerra, el sujeto detenido desde febrero pasado acusado de liderar una compleja red de venta de drogas asentada sobre el sometimiento de su propia familia, incluidos sus hijos menores de edad.
En una resolución ejemplar en la que se impuso la perspectiva de género, la funcionaria judicial solicitó el sobreseimiento de la mujer que supo ser pareja del imputado, que inicialmente había sido señalada como parte de la organización delictiva. Sin embargo, el avance de la pesquisa permitió determinar que era “una víctima más de coacción”. Por los elementos reunidos, asimismo, el caso será girado al fuero Federal: hay indicios concretos de trata de personas.
La investigación tuvo un giro definitivo tras el allanamiento ejecutado por la Policía Federal Argentina el pasado 25 de febrero en el inmueble ubicado en la calle Triunvirato al 2700 de la localidad de Trujui, que luego se constató era el búnker operativo de la estructura. Allí los efectivos policiales incautaron un total de 59 envoltorios de cocaína listos para su distribución, plantas de cannabis sativa, balanzas de precisión y un revólver calibre .38 corto con su numeración registral suprimida oculto en el dormitorio principal ocupado por el encausado.
Instrumentalización de menores
La plataforma fáctica de la acusación describe una operatoria perversa: Becerra no operaba en solitario, sino que obligaba sistemáticamente a sus tres hijos menores de edad -de 12, 14 y 16 años- a intervenir en las tareas de fraccionamiento, guarda y distribución de la droga bajo la modalidad de pasamanos callejero en el entorno barrial. El imputado aprovechaba la minoridad y la asimetría familiar para delegar en sus hijos las maniobras de mayor riesgo penal, asegurando su propio lucro e impunidad.
El peritaje del equipo profesional de la Dirección de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata dictaminó de forma taxativa la existencia de indicadores críticos de explotación laboral forzosa en actividades ilícitas. Los menores sufrían deserción escolar y carecían de cualquier red de contención institucional externa, lo que facilitaba el dominio territorial y el aislamiento que el imputado ejercía en el hogar de manera ininterrumpida.
Incluso, los propios testigos propuestos originalmente por su defensa “terminaron por hundirlo” al confirmar ante los auxiliares letrados que Becerra detentaba la custodia del búnker y violaba permanentemente la perimetral que pesaba sobre él. Así lo confirmaron fuentes con acceso al expediente.
Perspectiva de género y no criminalización
Uno de los puntos más relevantes de la requisitoria radica en el tratamiento procesal otorgado a la coimputada y ex pareja de Becerra, Verónica Paola Valor. En un dictamen fundamentado bajo estrictos estándares internacionales, la fiscal Piqué, quien trabajó con su secretario, Sebastián Dileo, solicitó el sobreseimiento parcial de la mujer al aplicar de manera rigurosa la perspectiva de género.
Las constancias de la causa -incluyendo informes actuariales de denuncias previas por violencia de género y un exhaustivo examen del Centro de Asistencia a la Víctima- revelaron que Valor padecía golpizas sistemáticas y torturas que incluyeron una grave lesión por quemadura con una plancha.
Además, se demostró que su presencia en el inmueble y su supuesta tolerancia criminal obedecían a “una anulación total de su autonomía personal debido a la coacción violenta implantada por Becerra”, con lo que se desestimó su coautoría en la venta de droga. “Criminalizarla hubiese implicado revictimizar a quien era un engranaje más del régimen de opresión del acusado”, señaló la fiscal Piqué en su dictamen.
Ahora la causa será girada al fuero Federal debido a que, entre los delitos por los que debe responder el sujeto aparece el de trata de personas agravada por el vínculo y la minoridad de las víctimas. De este modo, mientras que la justicia bonaerense lo juzgará por la comercialización de estupefacientes al menudeo agravada por la participación de menores y la tenencia ilegítima del arma de fuego de guerra, también enfrentará una causa paralela ante la Justicia Federal. Por la sumatoria de acusaciones acumula un piso de 10 años de prisión.
