Cuando Cecilia Otero y Diego Leal recibieron la comunicación respiraron algo aliviados. Lo mismo hizo Daniel Kuhne, sobreviviente de aquella noche del 12 de marzo en donde un balazo le atravesó el pecho. Los papás y el amigo de Juan Cruz Leal se enteraron que la justicia dictó la prisión preventiva para Lucas Adrián Gómez, el policía de la Ciudad que disparó contra ambos jóvenes que iban a jugar a la pelota tras confundirlos con ladrones.
“Nos hallamos en presencia de una clara manifestación de violencia institucional y violación brutal de los derechos humanos”, afirmó en la resolución el juez Ricardo Fraga, titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón. El magistrado avaló el pedido realizado por la fiscal María Alejandra Bonini, que investiga el caso.

En un archivo de 109 páginas, Fraga resumió todos los elementos reunidos en el expediente hasta el momento. Y resolvió:
–Convertir en prisión preventiva la actual detención de Lucas Adrián Gómez (34) bajo acusación de ser autor de los delitos de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego (por el crimen de Juan Cruz), en concurso real con homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa (por el tiro con el que hirió a Kuhne);
–Denegar la excarcelación y la prisión domiciliaria solicitada por los abogados defensores del policía por los riesgos procesales que eso implicaría para el avance de la investigación;
–Disponer la remisión del acusado a alguna Unidad Carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Provincial.
“Justicia es perpetua”
“Recién nos avisaron del juzgado. Ahora queda juntar fuerzas para el juicio. No nos devuelve a nuestro hijo, pero es lo que tengo que hacer para honrarlo”, sintetizó Cecilia en un breve intercambio de mensajes con Primer Plano Online. Sabe que es un primer paso para llegar al final, que insisten: “justicia es perpetua”.
Como informó este medio, la fiscal Bonini, que trabajó en la instrucción con el ayudante fiscal Fernando Golia Arduengo, detalló en su planteo que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, tanto por la pena en expectativa del delito, que es perpetua, como por la función policial del imputado.
Además, sustentó su planteo en base a un relevamiento vecinal tanto en el lugar de los hechos como en el barrio en el que vive el policía imputado, en Merlo, surgió que “amigos y familiares dieron un concepto muy malo de él argumentando que es una persona violenta”.
Además, la noche en que baleó a los amigos que iban a jugar al fútbol circulaba en una moto sin patente y con 0,60 gramos de alcohol por litro de sangre. Ambos elementos “dejan entrever un desapego a las normas y sin olvidar su calidad de personal policial que le exige por su rol en la sociedad un estricto compromiso con la ley a la que estaba llamado a hacer cumplir”.










