Un fallo judicial ordena el traslado de detenidos en comisarías a cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), luego de un hábeas corpus colectivo presentado por la defensora general del Departamento Judicial Morón, Claudia Bonanata, y por el defensor general adjunto, Gustavo Giachino.

Así lo resolvió la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de ese distrito, con la firma de los jueces Fabián Cardoso, Diego Grau y Fernando Bellido. En concreto, el pedido fue trasladar a unidades penitenciarias a 192 personas privadas de su libertad que ya cuentan con orden de remisión por lo avanzado de las causas en su contra. Es decir, órdenes de jueces o de tribunales de traslados a unidades carcelarias o solicitudes que aún no fueron cumplidas o contestadas (prisión preventiva, por caso).
“LAS COMISARÍAS NO TIENEN COMO FUNCIÓN ALBERGAR PRESOS, PARA ESO ESTÁN LAS CÁRCELES”, ENFATIZÓ BONANATA
Como informó Primer Plano Online en exclusivo a través de reiterados artículos basados en un informe de la Red de Jueces Penales bonaerenses, en las comisarías de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo hay un total (que varía a diario según los delitos que se cometen) de 419 detenidos, cuando la capacidad es de solamente 158 cupos. De esas personas tras las rejas, son 192 las que tienen vigente la orden de traslado que no se hizo efectiva hasta el momento. Eso es lo que ahora ordenó la justicia que se ejecute.

Esa situación provoca no sólo el hacinamiento para los presos sino también condiciones insalubres para el personal policial, el riesgo latente de fuga o motines y la propagación de enfermedades, entre otros peligros. Además, le quita efectivos a la prevención del delito, ya que los uniformados deben estar custodiando las dependencias en vez de recorriendo las calles.
Grave: la situación de las comisarías del Departamento Judicial Morón “empeoró”
“Cuando comenzó el aislamiento se frenó la entrada de presos porque hubo un brusco descenso en la actividad delictual. Pero cuando la situación empezó a cambiar el aumento fue exponencial. Además, la propia pandemia le puso un mayor peligro a la situación de hacinamiento en las comisarías, dado que es muy probable que, entre los detenidos, haya gente con Covid”, detalló Bonanata en conversación con Primer Plano Online.
La orden de la Cámara tiene un plazo de cinco días hábiles para concretarse. Además, los camaristas dictaminaron que se informe a los magistrados intervinientes en cada causa -a cuya disposición se encuentran los detenidos- que “queda a su cargo el seguimiento de esta medida respecto de cada uno de los internos”.