El crimen del chofer Daniel Barrientos sacudió la estructura de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y dejó un tendal de críticas y cuestionamientos a distintos sectores involucrados en la temática, entre otros, el empresario, contra quien apuntó la administración del gobernador Axel Kicillof.
Fue el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, quien reveló en cuanto medio de comunicación lo entrevistó que las empresas de colectivos habían recibido 2.500 millones de pesos para la instalación de cámaras de seguridad y botones antipánico en las unidades y que no habían avanzado.
Es más: el funcionario dejó entrever que está proyectado un cambio en las exigencias de circulación y micro que no tenga cámaras no pasará la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que se realiza cada cuatro meses en territorio provincial.
“Si no tienen cámaras van a ser observados y, si no resuelven el problema, no van a cobrar el subsidio”, explicó el ministro, aunque se negó a dar una fecha a partir de cuándo empezará a regir. “No quiero dar momentos tajantes, porque si mañana inhabilito 5.500 unidades el remedio es peor que la enfermedad”, afirmó.
Sin embargo, durante el cónclave que mantuvieron ayer en La Plata las autoridades provinciales con empresarios que operan diversas líneas, una carta llegó a manos de D’Onofrio con la rúbrica de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), en la que se lee una desmentida directa a sus expresiones y se explicita que la seguridad es “responsabilidad inherente e indelegable del Estado Provincial”.
“Esta Cámara (por CEAP) quiere manifestar el enfático rechazo de dicha versión, negando que las empresas hayan recibido específicamente suma alguna de dinero para equipar las unidades con Cámaras de Video y mucho menos es cierto que las empresas tengan alguna responsabilidad sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo y respuesta que está previsto para que el sistema impacte en la Seguridad Pública”, se defendieron.
LA CARTA COMPLETA
https://www.primerplanoonline.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/NOTA-A-DONOFRIO-CAMARAS-v2.pdf
Asimismo, apuntaron que las palabras del ministro representan “un claro intento de transferir la responsabilidad exclusiva del Estado Provincial a las empresas del sector”. Y aludieron que los dispositivos en cuestión “podrían disuadir este flagelo (el de la inseguridad), pero de ninguna manera evitarlo como lo prueban los lamentables sucesos en los que aun existiendo estos elementos los delitos acaecen de todas formas, con consecuencias gravísimas para la población toda, que ve cercenado su derecho a la vida, a transitar y a vivir con la tranquilidad debida”.
Desde CEAP aclararon también que no se oponen a la instalación de las cámaras ni a ningún otro dispositivo “que tienda a disuadir el delito y a proteger a sus trabajadores y pasajeros, pero para que ello resulte posible, en una actividad sometida a ingresos regulados, deficitarios y pagos en flagrante mora, tales implementaciones resultan de imposible cumplimiento”.
“Los servicios operan de manera deficitaria, sin cubrir siquiera los costos de operación, con una fuerte descapitalización de las empresas y obviamente incapacitadas de ejecutar inversiones que no sean sostener precariamente el servicio mientras el capital ya invertido lo soporte”, enfatizaron los empresarios en una alusión directa a que no cuentan con los recursos para hacer frente a la inversión.
