El caso fue denunciado por Olga Rafaelli, madre del joven, quien murió el 8 de diciembre de 2024 como consecuencia de un accidente ocurrido en la vía pública de San Miguel.
Después de su fallecimiento, Yamila Benítez, pareja de Caro, intentó iniciar en ANSES los trámites para obtener un beneficio social, pero recibió una respuesta insólita e inesperada: no podía acceder porque el joven aparecía trabajando y percibiendo haberes en la Municipalidad de San Isidro.
Asimismo, la información proporcionada por la madre de Caro agrega todavía más sospechas al caso. Rafaelli afirmó que su hijo “nunca trabajó en el partido de San Isidro ni tampoco para ninguna administración pública”. Según sostuvo, se ganaba la vida de manera independiente como proveedor de teléfonos celulares.
Ante la irregular situación se impone una simple pregunta: ¿quién cobraba el sueldo que mensualmente liquidaba el Municipio de San Isidro a nombre de José Luis Caro? Y surge además un segundo interrogante: ¿por qué permaneció activo su registro laboral aún después de su muerte?
La investigación judicial busca determinar si todo responde a un error administrativo, a una negligencia dentro de la estructura municipal o si existió alguna conducta ilícita relacionada con esa supuesta contratación y eventuales liquidaciones posteriores.
El descargo del Municipio de San Isidro
Cuando el escándalo tomó estado público y se hizo imposible dejar pasar las sospechas que recayeron inexorablemente sobre el Municipio de San Isidro, desde la comuna emitieron un comunicado consignando que “José Luis Caro, CUIL N.º 20-39960450-9, nunca fue empleado ni percibió haberes de este Municipio”. Y explican que “la confusión surge a partir de un error detectado en la Declaración Jurada F. 931 de ARCA correspondiente a los aportes y contribuciones del mes de enero de 2026. En dicha presentación se consignó erróneamente el CUIL 20-39960450-9, correspondiente a José Luis Caro, cuando en realidad debía consignarse el CUIL 20-39960457-6, correspondiente al empleado municipal Gerónimo Orellana”.
En su escrito, desde el Estado municipal aseguran que el error fue debidamente subsanado, “corrigiéndose los datos consignados y regularizándose la situación”.
La investigación en curso tendrá a su cargo la tarea de constatar si efectivamente existieron altas, recibos, aportes, transferencias o liquidaciones salariales en favor del falso José Luis Caro, para reconstruir quién incorporó al joven al sistema y a manos de quién fue a parar el dinero.
Inicialmente la muerte de Caro en un accidente automovilístico había dado lugar a una investigación con intervención de la UFI N° 19 del Departamento Judicial de San Martín. Pero ahora apareció un capítulo completamente diferente que coloca el foco sobre los registros de personal de San Isidro.
