“Vamos a volver al Congreso con proyectos que son provocadores para la casta”. La nota publicada el domingo pasado por Primer Plano Online, con expresiones vertidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tuvo una rápida reacción de parte de uno de los sectores a los que apuntó,
“No somos la casta”, le salió al cruce el presidente del Colegio de Abogados de Morón (CAM), Jorge Frega, en una entrevista con Adrián Noriega y Norman Díaz en el programa Primer Plano por el canal Somos, de Flow. De fondo, la batalla que se avecina: el Gobierno nacional quiere simplificar el trámite para que los divorcios, siempre que haya acuerdo entre las partes, pueda ser realizado en los registros civiles, tal cual se celebran los casamientos o uniones convivenciales.
“Si somos la casta será porque, como siempre, venimos a poner la voz en contra de lo que consideramos un perjuicio para la población en general”, agregó el titular de la entidad, que además es integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense.
De la iniciativa en sí se conoce poco, salvo las grajeas que dejó entrever el ministro en su exposición del viernes pasado en el encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). “Vamos a mandar un proyecto de lo que se llama el divorcio simplificado. Porque si te casás en un registro, no te podés divorciar en un registro si las partes están de acuerdo. Vamos a ver qué dicen los abogados ahí, la casta”, espadeó Sturzenegger.
Desde el Colegio de Abogados de Morón aclaran que el rechazo al divorcio simplificado “no es un tema corporativo”
Frega aclaró que el rechazo a esa posible norma, que todavía no se conoce cuál será su profundidad, “no es un tema puramente corporativo”. “El ministro cree que la modernización es retroceder muchos años para atrás, como cuando el Príncipe otorgaba los matrimonios y los deshacía a su antojo, donde un órgano administrativo resolvía cuestiones de los seres humanos sin que tuvieran oportunidad de defenderse”, le contestó.
La explicación del letrado sobre lo que implica un divorcio es mucho más profunda que la simple disolución de un contrato conyugal. Se ponen en juego muchas cosas, no sólo patrimoniales, que “no se garantizan si uno va frente a un empleado público”, que es quien tendría intervención al recibir la demanda. “El funcionario recién pondría su firma al final”, señaló Frega.
“Piensen que, si una persona violentada, que está sufriendo violencia de género y quiere divorciarse, en general va a tener enfrente a quien ejerce el poder sobre ella y no va a tener más que consentir por el temor que significa que se le está ejerciendo violencia sobre ella. Entonces los más vulnerables son los que se perjudican”, graficó el titular del CAM.
De todos modos, lo que todavía no está es la letra chica del proyecto y cuáles serían las implicancias. Es que la frase de Sturzenegger referida a “siempre que las partes estén de acuerdo” es la que deja un resquicio para saber cómo se instrumentará y en qué casos. Los profesionales de la abogacía esperan agazapados para evaluar sus posibles consecuencias.
