El Movimiento Evita denunció públicamente que se trató de un caso de “violencia institucional” la irrupción de agentes de la Policía Federal en un centro comunitario que la organización política tiene en el barrio Esperanza, en Tres de Febrero, en el marco de una serie de allanamientos para desbaratar una banda delictiva dedicada al robo de autos en el distrito.
El caso derivó en un fuerte cruce por redes sociales entre el intendente Diego Valenzuela y su colega Mariel Fernández, de Moreno, que es parte de la conducción de la estructura del Evita. Y en el repudio de instituciones gremiales y de la sociedad civil, que repudiaron el operativo en el que “ingresaron al merendero por la fuerza, rompiendo candados y cerraduras”, denunciaron.
“Entre los detenidos en los allanamientos de hoy en el barrio Esperanza de Tres De Febrero hay integrantes de la organización criminal que a su vez eran militantes y punteros del Movimiento Evita. Se debe terminar esta relación nefasta entre el delito y la política”, posteó Valenzuela.
Mariel Fernández le salió al cruce del mensaje. “Quiero creer que le pasaron mal la información al intendente Valenzuela. Espero que les pida perdón por este operativo violento e ilegal que hicieron en este espacio donde se ocupan de los más humildes de Tres de Febrero, y que les dé las gracias por estar en los lugares más marginados de su municipio, brindando alimento, educación, salud y amor”, le espetó.
Qué dijo la responsable del centro comunitario allanado por la Policía en el barrio Esperanza de Tres de Febrero
En diálogo con Primer Plano Online, Silvana Giménez, titular del Centro Comunitario Color Esperanza y militante del Movimiento Evita de Tres de Febrero, desmintió que entre las personas detenidas en los allanamientos haya integrantes de esa agrupación política. Además, reveló que el procedimiento policial fue usado por autoridades del Municipio con otra finalidad.
“La gente que vino nos dijo que tenía una orden del intendente de cambiar todos los candados y poner llaves. Nos acusan de usurpar el lugar, y hasta vinieron con cerrajeros, que al final se retiraron sin cambiar las cerraduras. Hubo como 80 policías y nos rompieron las puertas y los ventanales laterales. Desde el Municipio después vinieron a decir que no sabían qué había pasado y se desentendieron”, explicó la dirigente.
Giménez describió que el espacio funciona hace cuatro años en ese inmueble, aunque hace más de una década que la organización tiene presencia en el barrio. Además de alimentos brindan contención con diversas actividades y hasta clases de apoyo escolar. Es más: ayer mismo (describió mientras conversaba con este medio) ya había chicos y chicas en la puerta esperando por ingresar.
“El terreno pertenece al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y nos lo donó en comodato”, describió la responsable del lugar. Desde el Municipio, en tanto, indicaron que el terreno “es municipal” y que “se hizo una obra en un espacio que no les corresponde”. “Vamos a ir a la justicia para demostrar que el territorio fue tomado y que es municipal, o sea de los vecinos y no del Movimiento Evita”, expresaron fuentes del Gobierno comunal.
Además, confirmaron la pretensión de recuperar la propiedad para “llevar adelante ahí un espacio de seguridad alimentaria desde el Estado, sin intermediarios políticos como es hoy”. E insistieron en afirmar que entre las detenciones por la banda de roba autos “hay personas que tienen vinculación con ese espacio”. “No vamos a permitir que se atropelle lo que es de todos”, completaron.
Conferencia de prensa de organizaciones que denuncian persecución política y violencia institucional
Hoy viernes 23 de agosto desde las 10.30 habrá una conferencia de prensa de organizaciones políticas y de la sociedad civil en la calle Urquiza al 4400 de Caseros, a tres cuadras del centro comunitario, “para denunciar la violencia institucional sufrida por parte de Diego Valenzuela”.
“Se irrumpió de manera ilegal, con fuerzas policiales y sin ninguna orden judicial en nuestro espacio comunitario, donde asisten más de 300 niños y niñas diariamente. También se nos calumnia por redes sociales acusándonos de organización criminal”, indicaron desde el Evita.
Asimismo, enfatizaron que “no hay ni un detenido de nuestra organización” y anticiparon que “vamos a presentar una denuncia penal por hostigamiento y violencia institucional” en contra del Municipio. “Basta de persecución política. Alimentar niños y ayudar a nuestra comunidad NO ES DELITO”, cerraron.
