El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) manifestó su “profunda preocupación” ante el vacío legal generado por recientes medidas del Poder Ejecutivo Nacional que eliminan controles técnicos claves que ejercía el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), especialmente en la cadena de producción de alimentos y bebidas, por donde la motosierra aceleró su paso en las últimas semanas.
Desde la entidad que preside Jorge Castellano señalaron que la decisión “no implica una simplificación administrativa, sino un debilitamiento directo de la salud pública y de la soberanía tecnológica”. En ese sentido, advirtió que la eliminación de estos controles sin la incorporación de organismos alternativos para la fiscalización técnica “pone en riesgo la trazabilidad de los productos que consumen los ciudadanos”.
El CIPBA remarcó que la metrología legal -que garantiza que el contenido de un producto coincida con lo declarado- es un elemento “central en la protección del consumidor”, y que la ausencia de controles sobre balanzas, medidores y procesos de envasado “puede derivar en un aumento de irregularidades en el mercado”.
Garantizar estándares mínimos en la producción
Asimismo, alertaron sobre el impacto en el ejercicio profesional. Es que la falta de un organismo certificador “deja a los ingenieros que se desempeñan en la industria sin un marco regulatorio de referencia, trasladando toda la responsabilidad técnica a los profesionales, muchas veces bajo presión y sin herramientas adecuadas para garantizar estándares mínimos”, remarcaron desde el CIPBA.
Otro de los puntos señalados es el efecto negativo en la competitividad. Según la entidad profesional, la desregulación perjudica especialmente a las PyMEs que invierten en calidad, ya que fomenta una competencia desleal al “igualar hacia abajo” y dificulta el acceso a mercados internacionales que exigen certificaciones técnicas.
Finalmente, desde el CIPBA subrayaron que la ingeniería constituye “un pilar del desarrollo productivo seguro”, al tiempo que cuestionaron las consecuencias de desarticular instituciones clave sin generar alternativas que sostengan los estándares de calidad. “Sin controles técnicos rigurosos no hay industria competitiva; y sin seguridad alimentaria, no hay bienestar social posible”, concluyeron.
