¿Es viable que mediante juicios por jurados se diriman las causas de corrupción en el Estado? El fiscal Federico Delgado, uno de los hombres más mediáticos que existe en la esfera judicial, que habla y hace docencia con su mensaje, participó de una nueva conferencia de prensa organizada por la Asociación de Periodistas de la Argentina (APeRA), y dejó sus impresiones sobre varios temas vinculados al funcionamiento de la justicia.
Consultado particularmente sobre si los juicios por jurados podrían comenzar a instrumentarse en los casos en los que se juzga la corrupción en la administración de bienes y fondos estatales, el funcionario desplegó su repertorio. Cabe señalar que el sistema está contemplado en la Constitución Nacional desde 1853, pero sólo se aplica en seis provincias argentinas y para algunos delitos.
“Habría que empezar por la corrupción. Vale la pena correr el riesgo, porque además hay muchos mecanismos para reducir el error lo máximo posible. Infalibilidad no hay. Ahora, si el jurado llega a una resolución justa es una pregunta maravillosa, pero yo no la puedo responder. Es una discusión que viene de los tiempos de Platón, y dificilísima la respuesta”, manifestó.
Para Delgado, lo que los jurados populares garantizan, en primer lugar, es que “algunos crímenes son juzgados por los propios ciudadanos, es decir, pares”. “Seguramente se pueden equivocar, pero uno puede tomar recaudos para que las sentencias reflejen lo que la sociedad cree que la ley significa en ese momento”, precisó.
“Eso nos va a generar cultura de usar la ley. Y en Argentina estamos acostumbrados a usarla cuando nos conviene, y pisotearla cuando la tenemos en contra. Nadie puede saber si el jurado va a ser justo, pero vale la pena en términos de construcción de ciudadanía, de cultura del juicio y de república democrática”, destacó Delgado.
Por último, observó como positivo que los jurados populares van a permitir un mayor acercamiento con lo que llamó “la trama institucional, que hoy está expropiada de las grandes mayorías”. Es decir, pareciera ser, en el imaginario colectivo, que la administración de justicia únicamente depende de quienes ostentan cargos en ese poder independiente del Estado.
