La situación en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), y específicamente en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, impacta “negativamente” en el trabajo ligado a las “actividades de mensura e inmobiliaria de la provincia”, advirtieron desde el Colegio de Ingenieros bonaerense (CIPBA).
Se trata de una situación que se viene dando desde fines de febrero de 2026. Es, en rigor, una medida de fuerza sostenida por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que incluye asambleas prolongadas y retención de tareas, y mantiene virtualmente paralizado “un organismo vital para el desarrollo económico y profesional de todo el territorio bonaerense”, remarcaron desde la entidad.
Para los ingenieros matriculados en el CIPBA, esta situación “es un bloqueo directo a su derecho constitucional de trabajar”. Las tareas de mensura, base fundamental de cualquier ordenamiento territorial y seguridad jurídica al ciudadano, se encuentran “en un estado de detención burocrática”, ya que sin la aprobación de planos ni registración de estados parcelarios “el profesional queda imposibilitado de concluir su labor”, lo que afecta directamente sus ingresos y deja su prestigio afectado frente a sus contratantes.
En el mismo sentido remarcaron que el impacto “se direcciona como una onda expansiva hacia el mercado inmobiliario”, generando que “una gran cantidad de escrituraciones se encuentran frenadas por la falta de informes catastrales y certificados actualizados”. Eso, a su vez, impide que los escribanos concreten las operaciones de compraventa, y crea “incertidumbre jurídica” que pone en riesgo la transparencia de las transacciones y la correcta valuación fiscal de los inmuebles.
“Evidente y claro perjuicio al contribuyente”
Para el CIPBA, esta situación “genera un evidente y claro perjuicio al contribuyente que necesita regularizar su propiedad o subdividir para construir”, debido a que “se ve imposibilitado de ejercer sus derechos constitucionales” al encontrarse atrapado en un conflicto ajeno que el Estado provincial “aún no ha podido resolver”.
Para los ingenieros, “resulta paradójico” que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria “sea hoy el principal obstáculo” para la circulación de capitales en la provincia. Advirtieron, asimismo, que la legitimidad de los reclamos gremiales “no puede ser moneda de cambio” para el cese total de un servicio público esencial.
Finalmente, y frente a este panorama, desde el CIPBA consideraron que “el gobernador Axel Kicillof debe intervenir sin más demoras y actuando con la celeridad que la situación le reclama” para restablecer el funcionamiento pleno de Catastro.
“Los ingenieros del CIPBA y la sociedad bonaerense en su conjunto no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia de funcionarios y sindicalistas que una vez más desatienden los intereses de la sociedad para seguir una agenda propia electoral, que día tras día solo provoca que se degrade la actividad profesional y comercial de todos los sectores involucrados congelando la actividad que ya viene golpeada”, concluyeron.
