El Colegio de Ingenieros bonaerense rechazó la idea del Gobierno nacional, expresada a través de usinas digitales, de desregular la matrícula profesional de carreras universitarias. La iniciativa está prevista, siempre según lo expuesto por voces cercanas al oficialismo, en el marco de una futura reforma a la Ley de Trabajo vigente, conocida como reforma laboral.
Según lo que trascendió del texto, que todavía no tiene redacción final, lo que se intentará será declarar la libertad de empadronamiento profesional y establecer que el registro de los profesionales sea nacional, libre y voluntario, ya que sólo será necesario contar con título universitario habilitante según los requisitos de las leyes aplicables como única exigencia para el ejercicio profesional en todo el país.
“Lo que no se dice es que el contralor del ejercicio de las profesiones universitarias es una potestad reservada a las provincias, y que eso no fue cedido al Estado Nacional. Es decir, cualquier avance en ese sentido es un intento por menoscabar las autonomías provinciales”, indicaron desde el Colegio de Ingenieros.
“Hay quienes ponen el acento en que este tipo de desregulaciones posibilitaría la baja del costo productivo, como si los costos de matriculación y de registración de las tareas de los profesionales fueran los que impiden la generación de empleo, elevando exageradamente los gastos de producción de los emprendimientos industriales y de construcción”, apuntaron al respecto.
El mito de “la libertad de trabajar sin controles”
En rigor, se trata de una propuesta que promueve “la libertad de trabajar sin controles y sin los límites que imponen las leyes vigentes” sobre el ejercicio profesional, que redundaría -supuestamente- en una mayor oferta de servicios calificados.
“La comunidad toda debe entender que este intento de desprestigiar a los entes de colegiación para desregular las profesiones conlleva como única consecuencia posibilitar la realización de tareas ajenas a aquellos que no poseen habilitación legal (incumbencia) para ello, poniendo en serio riesgo la calidad de la prestación profesional”, enfatizaron desde la entidad presidida por Jorge Castellano.
“Hay títulos que poseen actividades reservadas. Al contrario de cómo piensan algunos, esta cuestión ha sido prevista por los legisladores no como una manera de generar beneficios para una casta sino porque su ejercicio puede comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes”, agregaron.
“Si el Gobierno nacional tuviera realmente la intención de reducir los costos de producción y entendiera que los honorarios profesionales son ante todo de carácter alimenticio, podría hacer mucho más por los sectores productivos, por los profesionales y por la sociedad toda si, actuando dentro del límite de sus competencias sin invadir potestades provinciales, legislara modificaciones en el régimen del IVA y del impuesto a las ganancias que consumen más del 55% de los honorarios de los profesionales que son responsables inscriptos”, concluyeron desde el Colegio.
